Caso J.A. Freytter Romero

¡Justicia para mi padre!

   Fundación Mundubat

El padre es Jorge Adolfo Freytter Romero. El hijo es Jorge Enrique Freytter Florián. El padre fue secuestrado, torturado y asesinado, entre el 28 y 29 de agosto de 2001 en Barranquilla, Colombia. Él era profesor de la Universidad del Atlántico y su asesinato es un crimen de lesa humanidad. Su hijo ha dado otro paso en la búsqueda de justicia: interpuso una querella ante la Audiencia Nacional de España, el 15 de octubre de 2019, para esclarecer el crimen.

Jorge Enrique Freytter junto al retrato del jesuita Ignacio Ellacuría, asesinado el 16 de noviembre de 1989 en El Salvador.

El hijo, con la querella, demanda la colaboración judicial del Estado español y el Estado colombiano que lleve a conocer los hechos que llevaron al asesinato de su padre y determinar las responsabilidades materiales e intelectuales. Ninguno puede ignorar la petición de justicia, porque es un crimen de lesa humanidad y el hijo es refugiado político en el País Vasco, vive aquí y tiene la nacionalidad española.

El hijo es coordinador adjunto de la Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero que tiene la sede en Bilbao y hace estudios sobre la violencia política en América Latina, además de reunir a víctimas en el exterior. Y en esta ciudad y más precisamente en la sede de la Fundación Ellacuría, el hijo presentó la querella, en rueda de prensa, el 22 de octubre de 2019, bajo la estela de otro intelectual universitario asesinado por sus ideas, el jesuita Ignacio Ellacuría (Portugalete, 1930- El Salvador, 1989).

Largos años de impunidad

Después de 18 años del crimen de su padre, el hijo ve de frente. Quiere que se juzgue a los responsables del crimen de lesa humanidad de su padre en un grave contexto de persecución, por el paramilitarismo, aliado de la autoridad. “A mi padre lo capturaron, lo desaparecieron, lo torturaron y asesinaron. Y como el caso de mi padre, hay otros casos sin investigar. Totalmente en la impunidad. Por eso, la querella en la Audiencia Nacional”, afirmó el hijo.

Empieza así una nueva prueba de fuego para el aparato judicial del Estado español y colombiano, sino investigan podrán ser acusado de dejadez y de incumplir los tratados internacionales de derechos humanos, ya que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y existe la obligación de investigar.

Y para ahondar en la denuncia del modelo paramilitar en Colombia, el 30 de julio de 2019, la Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero entregó el Informe “Universidades Públicas Bajo SOSpecha. Represión estatal a estudiantes, profesorado y sindicalistas en Colombia (2000-2019)” a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Asimismo, la Corporación Solidaridad Jurídica, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y la Fundación Mundubat han colaborado para sacar adelante el vídeo Universidades bajo S.O.SPecha que narra el testimonio de Miguel Ángel Beltrán, Cristian David Leiva y Jorge Enrique Freytter sobre las formas en que el Estado de Colombia ataca el pensamiento crítico.

La Querella del Caso del profesor Freytter Romero es presentada en Bilbao.

  
El caso de secuestro, tortura y asesinato de Jorge Adolfo Freytter Romero, sindicalista y Profesor de la Universidad del Atlántico (Barranquilla, Colombia), ha sido llevado ante la Justicia española interprelando al principio de jurisdicción universal y los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos. La Querella interpuesta ante la Audiencia Nacional el pasado día 15 de Octubre, ha sido presentada en la sede de la Fundación Ellacuría de Bilbao, con las intervenciones de la profesora de periodismo de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) María Ruiz Aranguren, el abogado de Red Jurídica Daniel Amelang y por Jorge Freytter Florián, hijo del Profesor, refugiado político en el País Vasco y querellante. El Caso del Profesor Freytter, cuyos hechos se remontan al mes de Agosto de 2001, se enmarca en la “arremetida paramilitar de la Región Caribe”. Durante la década transcurrida entre 1996 y 2006, más de 25 integrantes de la comunidad académica de la Universidad del Atlántico, fueron asesinados por paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en acreditada connivencia con agentes del Estado. El proceso judicial, que también fue admitido a trámite por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-OEA), se ha caracterizado por la existencia de claros elementos de impunidad, como la situación de dos miembros de las fuerzas militares en “paradero desconocido”. Al tratarse de un crímen de lesa humanidad, la querella interpuesta demanda la colaboración judicial entre el Estado español y el Estado colombiano, que permita el esclarecimiento de los hechos y conocer las responsabilidades materiales e intelectuales del crímen. Representantes de la sociedad civil vasca han acompañado a los querellantes en las demandas por el cumplimiento de los Derechos a la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición de la víctimas producidas en las universidades públicas en el marco del conflicto armado colombiano. En Bilbao, a 22 de Octubre de 2019. Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero.

El caso Jorge Freytter o cómo recuperar la justicia universal atendiendo a tratados internacionales

  
TER GARCÍA @TERGAR_
EL SALTO

Jorge Freytter, profesor universitario y sindicalista en Barranquilla (Colombia), fue asesinado por las Autodefensas Unidas de Colombia, grupo paramilitar de extrema derecha, hace 18 años.

Jorge Adolfo Freytter Romero era profesor universitario, abogado y sindicalista en Barranquilla (Colombia). El 28 de agosto de 2001 fue secuestrado, torturado y asesinado por agentes del Estado colombiano en connivencia con paramilitares del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo terrorista de extrema derecha que desde los años 60 continúa en actividad. Su cuerpo fue encontrado en la carretera que une Barranquilla con Ciénaga. Hoy, 15 de octubre de 2019, la familia de Freytter ha llevado su caso a la Audiencia Nacional española, en busca de justicia.

La justicia universal en la legislación española contemplaba hasta 2009 que los tribunales españoles pudieran juzgar crímenes de lesa humanidad que se hubieran cometido en cualquier parte del mundo. Fue lo que permitió que el juez Baltasar Garzón emitiera una orden de arresto contra el dictador chileno Augusto Pinochet en 1998 o que en abril de 2005, el militar argentino Adolfo Scilingo fuera condenado por la Audiencia Nacional a 640 años de cárcel por los secuestros y asesinatos que cometió en su país entre 1976 y 1977. En 2009, el PSOE hizo una reforma que limitaba los casos de crímenes contra la humanidad que podían trabajar los juzgados españoles a aquellos que tuvieran alguna relación con España y, ya en 2014, el PP dio la estocada final con otra reforma. Ahora solo podían juzgar casos en los que los acusados fueran españoles o tuvieran residencia en España, dejando en el limbo casos como el de las torturas de Guatemala, el genocidio en el Tíbet del que estaban acusados varios altos cargos de China o la muerte en Iraq del periodista español José Couso.

En 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez contempló una nueva reforma de la justicia universal para ampliar los supuestos de actuación, pero finalmente desistió. El caso de la muerte en Iraq del periodista español José Couso en 2008, a causa de fuego del ejército estadounidense mientras estaba en el hotel de Bagdad que tradicionalmente hospeda a periodistas internacionales, llevó hasta el Constitucional la reforma de la justicia universal del PP, pero en julio de 2019 este tribunal rechazó los recursos presentados y confirmó la muerte de la justicia universal en España.

“Como el derecho nacional ya no contempla la jurisdicción universal, lo que pedimos es que se reconozca la jurisdicción internacional a través de la interpretación de los tratados internacionales”, explica Daniel Amelang, abogado de Red Jurídica, despacho que trabaja en el caso de Freytter en coordinación con la abogada Rosa María Mateus y Yessica Hoyos Morales, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar). “Que sepamos, hasta ahora no se había planteado admitir un caso de justicia universal de esta manera, así que tenemos esperanza de que se pueda admitir a trámite”, continúa.

El asesinato de Freytter tuvo como marco la conocida como “arremetida paramilitar” que entre los años 1996 y 2006 se sufrió en las universidades públicas de la región Caribe, en las que se contaron 37 víctimas mortales entre estudiantes, profesores y sindicalistas. Fueron crímenes que, según afirman desde la Asociación Jorge Freytter Romero, no se investigaron y se justificaron acusando a las víctimas de subversivos, terroristas o bandoleros. En el caso de Freytter, su asesinato tuvo lugar después de que el denunciara que los paramilitares estaban tomando los recursos de las universidades.

18 años después del asesinato de Freytter, las investigaciones judiciales en Colombia no han conseguido sentar en el banquillo de los acusados a todos responsables, e incluso dos de ellos siguen en paradero desconocido. Carlos Arturo Romero Cuartas, ‘Montería’, miembro de las AUC, fue condenado en febrero de 2009 a 18 años de cárcel por el asesinato de Freytte. Un año antes había sido condenado a otros 22 años de cárcel por otro asesinato, el de Ricardo Luis Orozco, vicepresidente de la Junta Nacional de la Asociación Nacional de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud, que tuvo lugar en abril de 2001 en el municipio de Soledad. En 2010, dos policías nacionales de Colombia fueron condenados también por la muerte de Freytter a 35 años de prisión, pero, en 2013 el Tribunal Superior del Distrito de Barranquilla revocó la condena. Ninguna otra persona ha sido llevada a juicio por la muerte de Freytter.

Entre los responsables del asesinato de Freytter que aún no han pasado por el banquillo hay otros dos agentes de policía. “La denuncia ante la Audiencia Nacional interpela a la cooperación internacional policial y judicial a efectos de investigar el paradero del exteniente de la policía Flover Argeny Torres y el patrullero del Gaula, Germán Antonio Saenz Cuesta”, explican desde Red Jurídica.

Piden que asesinato del profesor Freytter sea declarado crimen de lesa humanidad

  
POR: KENJI DOKU @KENJIDOKU / El Heraldo 13 de Julio de 2019 – 00:00 Jorge Freytter, docente de Uniatlántico, fue asesinado en 2001. El sindicalista, abogado y profesor de la Universidad del Atlántico, Jorge Adolfo Freytter Romero, fue secuestrado, torturado y asesinado, entre el 28 y 29 de agosto de 2001 en Barranquilla y su cuerpo fue arrojado en el corregimiento de Palermo, jurisdicción de Sitionuevo, Magdalena. Después de 18 años, la familia del profesor continúa detrás del propósito que este episodio sea reconocido por la Fiscalía General de la Nación como un Crimen de Lesa Humanidad. A través de un comunicado, la Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero, en cabeza del hijo del profesor, Jorge Enrique Freytter Florián, expresa que entre los motivos existe que “la gravedad de los hechos han sido reconocidos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-OEA), con la admisión a trámite del ‘Caso Freytter’ el día 11 de Julio de 2013”. leer más ➜

Jorge Adolfo Freytter Romero: Reconocimiento de Crimen de Lesa Humanidad.

  

Jorge Adolfo Freytter Romero: Reconocimiento de Crimen de Lesa Humanidad.

Instamos a que el Caso del secuestro, tortura y asesinato cometido el 28 de Agosto de 2001 en Barranquilla (Colombia) contra el sindicalista, abogado y profesor de la Universidad del Atlántico (Ciudad de Barranquilla) Jorge Adolfo Freytter Romero, sea reconocido por la Fiscalía colombiana como un Crimen de Lesa Humanidad por diversos motivos, entre los que se encuentran los señalados a continuación:
  1. La gravedad de los hechos han sido reconocidos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-OEA), con la admisión a trámite del “Caso Freytter” el día 11 de Julio de 2013. Así, Jorge Adolfo Freytter Romero fue víctima del accionar del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que actuaba en connivencia con miembros de la Fuerza Pública pertenecientes al Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de la Policía Nacional y el Ejército Nacional de Barranquilla. De esta manera, la responsabilidad del Estado a través de miembros de la Fuerza Pública, en el secuestro, torturas y ejecución del Profesor Jorge Adolfo Freytter Romero, quedó acreditado en la sentencia de 18 de Junio de 2010 del Juzgado Único Penal de Barranquilla señalando la vinculación de los Jefes Paramilitares Carlos Arturo Romero Cuartas, alias “Monteria” que en esos momentos se encontraba a las órdenes de Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”. La mencionada sentencia reconoce “el contubernio existente entre las AUC y la Fuerza Pública, en este caso Policía y Ejército, pues era mucha la colaboración que prestaban, como en este caso, donde el papel consistió en “botar” al ejecutado, pues nada de lo que querían les dijo y habiéndole dado muerte ya, faltaba el complemento del plan cual era dejarlo en un lugar despoblado, pero donde se aseguraban que fuera encontrado, pues para ellos este hecho constituye un escarmiento y los hace más temibles y despreciables”. 
  1. El contexto del secuestro, tortura y asesinato del Profesor, sindicalista y abogado Jorge Adolfo Freytter Romero se enmarca en la conocida como “Arremetida Paramilitar de la Región Caribe”. En la década transcurrida entre 1996 y 2006 son asesinados decenas de docentes, estudiantes y trabajadores/as de las universidades públicas de la Región Caribe como los conocidos casos del Profesor Alfredo Correa de Andreis (Universidad del Magdalena), los estudiantes Reynaldo Serna (Universidad del Atlántico), Hugo Maduro (Universidad del Magdalena) o el vicerrector de la Universidad del Atlántico, Lisandro Vargas Zapata. Por lo tanto, el Caso del Profesor Jorge Adolfo Freytter Romero es un ejemplo paradigmático de la violencia sistemática y organizada cometida contra el conjunto de la comunidad universitaria de la Región Caribe en el marco del histórico conflicto social y armado colombiano.
  1. Las responsabilidades materiales e intelectuales de los hechos, casi 18 años después, continúan sin esclarecerse. A día de hoy, nos encontramos con dos presuntos autores materiales prófugos de la justicia, con avances insuficientes de las indagaciones judiciales y con la impunidad absoluta de los autores intelectuales e instigadores del crimen.
Por los motivos expresados, exigimos el reconocimiento legal, por parte de las autoridades judiciales competentes, del Caso Freytter como un Crimen de Lesa Humanidad. Exigimos a las instituciones públicas que no permitan la impunidad de los responsables en el Caso del Profesor Freytter, e instamos a todas las autoridades públicas de Colombia que defiendan los Derechos de las víctimas del conflicto armado a la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición.

Revelaciones del crimen de Jorge Adolfo Freytter Romero.

  
Redacción Judicial
La Fiscalía documentó cómo miembros de la Fuerza Pública pactaron con paramilitares operaciones de limpieza en la Costa. El esclarecimiento del asesinato del profesor de la Universidad del Atlántico Jorge Adolfo Freytter Romero le ha servido a la Fiscalía no sólo para determinar la responsabilidad de las autodefensas en este crimen. Con la muerte del académico, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía ha encontrado un elemento más para entender el complejo mapa que los paramilitares trazaron en la Costa Atlántica, a punta de homicidios, secuestros, desapariciones, torturas y otros tantos crímenes. Con el reciente llamado a juicio de Albeiro García Rendón y Rafael Mariano Silvera por el homicidio agravado de Freytter, el primero soldado profesional y el segundo agente de la Policía durante 18 años, la Fiscalía pretende probar la “absoluta connivencia” que las Auc mantuvieron con algunos integrantes del Gaula de la Policía y del Ejército de Barranquilla. En este caso, para ejecutar a un integrante de la Asociación de Jubilados de la Universidad del Atlántico (Asojua) al que los paramilitares reconocían con el alias de Peter, del frente 19 de las Farc. Carlos Arturo Romero Cuartas, un ex integrante del bloque Norte conocido como Montería, fue el testigo clave para determinar qué sucedió desde el 28 de agosto de 2001, cuando Freytter desapareció frente a la casa de sus suegros en Barranquilla, hasta el día siguiente, cuando el cuerpo del docente fue hallado sobre la vía Barranquilla-Ciénaga. Montería, quien se acogió a sentencia anticipada y recibió una pena de 18 años y medio por este crimen, le relató a la justicia que el propósito del plagio de Freytter era sacarle información como presunto integrante de las Farc. Pero, “todo fue una confusión del profesor universitario con alias Peter”. Romero, detenido en 2003, contó cómo el Gaula de la Policía ayudó a despistar a las autoridades, pues al momento de la retención de Freytter las placas de la camioneta en la que se desplazaban los secuestradores (un sargento y un soldado profesional del Gaula del Ejército) fueron reportadas a la misma Policía. Confesó que tuvo bajo su custodia al profesor, todo el tiempo esposado, en una habitación oscura, en una bodega que su ubicaba sobre una vía conocida como La 40, en la cual se hacían barcos y veleros, y que fue ahí donde segaron su vida. Antes de dispararle, dijo Montería, Freytter fue asfixiado con una bolsa plástica. En su narración, Montería señaló a varios integrantes de los Gaulas de la Policía y el Ejército de Barranquilla. Sin embargo, sólo dos han sido acusados. Uno es Albeiro de Jesús García Rendón, quien al momento de su imputación trabajaba en Barranquilla con el batallón de infantería N° 4. Su hermano Miguel Ángel García Rendón, ex integrante de las Auc, fue condenado a 60 años de cárcel por la masacre de 40 pescadores, en 2000, en Sitio Nuevo (Magdalena). Albeiro García, sindicado de haber participado en ese mismo episodio, fue absuelto. El otro acusado por la muerte de Freytter, Rafael Mariano, fue retirado de la Policía en 2008. A través de este caso, la Fiscalía concluyó varios aspectos del modus operandi derivado de la perversa complicidad entre la Fuerza Pública y las Auc en esta región del país. El ente investigativo encontró, por ejemplo, que los miembros de los Gaulas pactaron con los ‘paras’ que éstos ejecutaran a las víctimas si los primeros habían participado en los operativos, para evitar ser reconocidos. O que los uniformados, cuando estaban disponibles, botaban los cuerpos en otros municipios. O que las Auc colaboraban con positivos de los Gaulas siempre y cuando éstos “facilitaran su paso por las carreteras y demás fechorías”. No obstante, luego de esta detallada versión, Montería se retractó. Y las alarmas de la Fiscalía se prendieron: “Despierta preocupación al despacho, pues ya obraban en el expediente piezas procesales que dan a entender que los testigos que han participado en esta investigación han sido objeto de presiones y amenazas”. La Unidad de DD.HH. aseguró, además, que “últimamente se ha vuelto muy de moda” que ex integrantes de las Auc rindan testimonio y luego se echen para atrás. Sin embargo, en este caso, la retractación no fue validada, pues los hechos delatados por Montería ya han sido corroborados.