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El Estado plebiscitario creado por el pacto de Sitges 1.957, en el origen del Estado contrainsurgente colombiano .

  
Por Alberto Pinzón Sánchez (Tesis para optar el título que Ud, estimado lector desee otorgarme)

El pacto de Sitges de 1.957 antecedido un año antes por el acuerdo de Benidorm, fue un pacto en las alturas del Poder dominante en Colombia, entre dos representantes de las cúpulas de los dos partidos políticos «institucionales» liberal y conservador; uno, Laureano Gómez, representante del panhispanismo falangista y anticomunista del partido conservador, y el otro, Lleras Camargo, en nombre del panamericanismo anticomunista de la guerra fría impulsado por EEUU y profesado por la cúpula del partido liberal, que tras una década de  crisis de Hegemonía y de violencia sectaria, irracional y fratricida, decidieron pactar la terminación del enfrentamiento armado por el botín del Estado y mediante una delegación arbitraria en estos dos personajes políticos, alienaron o enajenaron la soberanía popular y la soberanía nacional para mediante un plebiscito espurio, hacerla regresar a depender de Dios como en la constitución de 1.886, y pactar la creación del esperpéntico Estado plebiscitario autoritario y paritario, basado en el estado de sitio permanente, el reparto milimétrico del botín burocrático, la alternación política excluyente entre los dos partidos dominantes, congelando durante 16 años la libre elección de los representantes de la democracia incluido el presidente escogido a dedo y, el regreso a las ventajas  concedidas a la Iglesia católica Vaticana en el Concordato de 1.887. Y está en el origen de la constitución de un Estado plebiscitario contrainsurgente, que se ha proyectado hasta la actualidad (2.019)

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El Estado plebiscitario creado por el pacto de Sitges 1.957, en el origen del Estado contrainsurgente colombiano . Por Alberto Pinzón Sánchez

Tres mujeres trans en prisión: una mirada interseccional

  
Mateo Gutiérrez León*
Si bien se reconoce a las mujeres trans como parte de la comunidad LGBTI, en el INPEC no existe una verdadera política de género que les permita vivir dignamente dentro de la cárcel y acceder a las mínimas garantías. La cárcel puede llegar a ser una institución profundamente machista, racista y clasista. Este es un análisis de las diferencias que existen entre tres mujeres trans tras las rejas, diferencias que se crean a partir de la raza, el origen social, los oficios y los capitales culturales.   En Colombia hay una población reclusa de 187.555 personas. Más del 98% es custodiado directamente por el INPEC, el resto está en cárceles municipales o establecimientos de reclusión de la fuerza pública. Casi dos terceras partes de las personas privadas de la libertad han sido ubicadas en alguno de los Establecimientos de Reclusión de Orden Nacional (ERON) del país, mientras el 32,3% y el 2,8% restantes están en prisión domiciliaria o bajo supervisión electrónica, respectivamente. Y en medio del mar de datos sobre el sistema carcelario del país al que uno puede acceder, hay uno particularmente válido a manera de introducción de este texto: de las más de 180.000 personas que componen el total de la población encarcelada, tan solo 8219 son mujeres. leer más ➜