Últimas Noticias

Lecciones de un homicidio

   Yohir Akerman

El pasado 14 de enero la Fiscalía 76 de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos declaró como delito de lesa humanidad el homicidio de Jorge Adolfo Freytter Romero, profesor de la Universidad del Atlántico, ocurrido entre el 28 y 29 de agosto de 2001.

La noticia pasó casi desapercibida, pero es muy importante ya que la decisión del fiscal Óscar Fabián Rodríguez Lizarazo implica, entre otras cosas, que la acción penal no prescribe y que la investigación continúa.

Recordemos, ya que recordar es vivir.

Cerca de las 12 del día del 28 de agosto de 2001, el profesor Freytter fue retenido al llegar a su casa en Barranquilla por un grupo de hombres fuertemente armados.

En medio del miedo y la confusión fue golpeado e introducido de forma violenta en una camioneta Toyota Hilux, que lo trasladó a una bodega desocupada por la zona de Ciénaga, Magdalena. Esposado y deshidratado por el calor de la región, la víctima fue sometida por más de 24 horas a actos de humillación y tortura, que finalmente terminaron en su muerte el 29 de agosto a causa de asfixia provocada por una bolsa de plástico en su cabeza. (Ver Contexto).

Jorge Freytter fue profesor de la Universidad del Atlántico por aproximadamente 20 años, tiempo durante el cual habría participado activamente en distintas actividades de carácter sindical.

Como líder sindical, Freytter buscaba impedir que los dineros de las pensiones atrasadas fueran a terminar en las arcas de las campañas de los políticos que tenían pactos con los paramilitares de la región.

De acuerdo con la resolución dada a conocer el pasado 14 de enero, “se logró demostrar que no se trataba de un hecho aislado, sino que el homicidio del profesor Freytter fue uno más de un plan sistemático en contra de aquellos miembros que ejercían su voz en contra de la apropiación de la alma mater por fuerzas ajenas a la misma, que, inclusive, se asociaron con grupos al margen de la ley”.

Suena familiar.

Y ya que parece una historia que se repite cada vez que el uribismo está en el poder, miremos unos documentos hasta ahora inéditos de este asesinato para ver sus actores principales y el modus operandi.

El Auto 00650549-4 de la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) tiene el radicado P769-2005. Gracias a este radicado se inició una supuesta indagación preliminar para determinar si funcionarios de la seccional del DAS en el departamento del Atlántico habrían participado en el crimen del profesor Freytter Romero. (Ver P769-2005).

El documento dice que Eduardo Rafael Rodríguez, entonces jefe de la oficina jurídica del DAS, recibió una comunicación de la Cancillería sobre el caso Freytter: “De acuerdo con solicitud presentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que requiere que se tomen acciones pertinentes con relación a los casos llevados ante la Convención Interamericana de Derechos Humanos y que se coadyuven a satisfacer las exigencias de esta”. (Ver Averiguación de responsabilidades).

Según la denuncia, desde el año 1998 estaba operando un grupo clandestino denominado “Red Cóndor” en el departamento del Atlántico que trabajaba en conjunto con los paramilitares y que pertenecía a las instituciones de inteligencia del Gaula, el DAS y el Ejército.

Estas unidades de inteligencia mantenían bajo labores de penetración y espionaje a diferentes profesores, estudiantes y trabajadores de la Universidad del Atlántico.

Todo para prevenir la supuesta mala educación.

Exparamilitares del Frente José Pablo Díaz han reconocido que, con el consentimiento de las directivas, ingresaron a la universidad a través de un paramilitar infiltrado. Incluso, Carlos Romero Cuartas, alias Montería, aseguró que alguien en un cargo tan alto en la institución como el exrector Ubaldo Enrique Meza les suministró los nombres de algunas de sus víctimas.

Meza por supuesto ha desmentido esta versión asegurando que se trata de una venganza.

Pues bien, el 23 de febrero de 2001 ocurrió el homicidio del profesor Lisandro Vargas, quien venía haciendo una crítica a las irregularidades administrativas y especialmente reclamaba los dineros que se habían destinado para mejorar el laboratorio de física y que nunca se ejecutaron.

Inaudito.

El 28 de agosto de ese mismo año, hombres armados capturaron a Freytter Romero y todos ya sabemos que su cuerpo apareció muerto al día siguiente con evidencias de tortura. Las lecciones de su homicidio todavía están por aprenderse.

Los exagentes del Estado que fueron los perpetradores del crimen del profesor Freytter son Flower Arngency Torres y Germán Antonio Sáenz, y hoy se encuentran prófugos de la justicia. Sobre Torres la Fiscalía tiene conocimiento de que está operando con el Clan del Golfo mientras que se desconoce el paradero de Sáenz. (Ver Radicado 1096).

Por esta razón, el hijo del profesor Freytter Romero, Jorge Freytter-Florian, tuvo que exiliarse en el País Vasco desde donde ha trabajado sin descanso para sacar de la impunidad el magnicidio de su padre.

Pues en este delito, como en otros de la época, está probada la relación escabrosa que existió entre los organismos de inteligencia de los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez y los paramilitares. (Ver Cátedra).

Esto, porque la relación entre los profesores y el expresidente Uribe Vélez siempre ha sido conflictiva ya que, para el ahora senador, estos representan un riesgo en sus posturas ideológicas. La persecución, el ataque y el hostigamiento a los maestros y académicos con posturas distintas a las del uribismo están documentados gracias a las carpetas encontradas en las instalaciones del G3 del DAS.

Como se ha dicho antes en esta columna, en una de esas carpetas se encuentra el documento 0033, que es la hoja de identificación del docente Alfredo Rafael Francisco Correa de Andréis como objeto de espionaje y seguimientos ilegales. Ya vamos para 16 años de su horrible homicidio.

En esas carpetas también existía información sobre otros docentes y supuestos enemigos del Gobierno como el profesor Freytter Romero, con documentos que prueban, por ejemplo, que tan solo una semana antes de ser asesinado este maestro había sido detenido por autoridades del Estado con el fin de sacar información y hostigar.

Escalofriante. Sobre todo, porque no se puede permitir que este asesinato termine en el olvido ni en la impunidad y hay que hacer todo para llegar al final de este doloroso episodio donde la autoridad se confabuló con los paramilitares. La Justicia Especial para la Paz tiene la palabra.

La justicia contra el asesinato de líderes sociales

   SORAYA GUTIÉRREZ ARGÜELLO -
SORAYA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Dos casos con decisiones importantes en los últimos días contrastan con más de 20 asesinatos en lo que va del año.

La semana pasada se conoció el fallo contra un integrante de los paramilitares (Autodefensas Campesinas del Casanare) por el asesinato del líder sindical Jorge Darío Hoyos Franco, ocurrido hace casi 19 años, el 3 de marzo de 2001. A Jorge Darío lo mataron en Fusagasugá por su labor a favor de los trabajadores. Había sido amenazado de tiempo atrás y nadie movió un dedo para impedir su asesinato. Este fallo es importante, no sólo porque es un paso más para avanzar en contra de la reinante impunidad que caracteriza este tipo de crímenes, sino porque reconoce la existencia de una doctrina militar que ha estigmatizado y encasillado a los líderes sociales como enemigos internos.

Precisamente el crimen cometido contra Jorge Darío resulta relevante para comprender cómo agentes del Estado y grupos paramilitares se han articulado y realizado acciones conjuntas, que tenían como objetivo anular la diferencia.

Casi cuatro meses después, en ese nefasto año 2001, entre Barranquilla y Ciénaga (Magdalena), los paramilitares, coordinados con miembros del Gaula de la Policía y el Ejército, torturaron, desaparecieron y asesinaron al profesor y sindicalista Jorge Adolfo Freytter Romero, defensor de los docentes y de los pensionados de la Universidad del Atlántico. La semana pasada la Fiscalía declaró este crimen como delito de lesa humanidad, pues estos hechos obedecieron a un plan sistemático y generalizado en contra de la comunidad universitaria que alzó la voz de denuncia contra la corrupción y las violaciones a derechos humanos.

Estos son tan solo dos casos que en materia de violencia antisindical han avanzado un poco. Lo cierto es que la mayoría de estos asesinatos presentan características de poca o nula actividad judicial, beneficiando a victimarios intelectuales y materiales, en una sistemática estrategia que hoy se amplía en contra líderes sociales y de organizaciones sociales.

La historia de nuevo se repite, como en los tiempos de Jorge Darío Hoyos y de Jorge Adolfo Freytter: el Estado no ha hecho lo suficiente para impedir la pérdida de vidas de liderazgos sociales y, en cambio, le ha abierto el espacio a grupos armados ilegales y a los agentes del Estado para imponer su ley en el territorio nacional.

Los grupos paramilitares han actuado a sus anchas desde hace varias décadas y, como lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muchas veces en connivencia con miembros de la fuerza pública.

Como está ocurriendo hoy, los paramilitares, apoyados por miembros de las fuerzas militares, de policía y por empresarios regionales, habían emprendido una persecución contra líderes de izquierda, representantes de la oposición, indígenas, y defensores derechos humanos. Tal como hace dos décadas, el Estado está inmóvil, cómplice o, como bien lo caracterizó Hannah Arendt en su libro ‘Eichmann en Jerusalén’, presenciamos un gobierno gestor de la banalización del mal, renegado del acuerdo de paz, sofocante de la Comisión de la Verdad y la JEP, beneficiario en todo caso de una violencia estructural que parece no tener fin.

Las decisiones en los casos de los líderes sociales Jorge Darío Hoyos y Jorge Freytter no son suficientes. Falta mucho por conocer y mucho por hacer para impedir que continúe el genocidio de excombatientes de las Farc y de líderes y lideresas sociales. Queda claro que al Gobierno poco o nada le interesa combatir el paramilitarismo y menos admitir que hay complicidad de miembros de las Fuerzas Armadas y de empresarios.

#ATENCION -Declaran de lesa humanidad homicidio de profesor Freytter Romero.

   EL TIEMPO
Fue asesinado y torturado el 28 de agosto de 2001, entre Barranquilla y Ciénaga, Magdalena.
Fue asesinado y torturado el 28 de agosto de 2001, entre Barranquilla y Ciénaga, Magdalena. Una fiscalía especializada contra las violaciones a los derechos humanos declaró como delito de lesa humanidad el homicidio de Jorge Adolfo Freytter Romero, profesor de la Universidad del Atlántico, ocurrido el 28 de agosto del 2001. La decisión se tomó en respuesta a la solicitud de la parte civil del proceso, que argumentó que la tortura y asesinato no fueron hechos aislados, sino que fueron comunes «a las agresiones constantes sufridas por miembros de las universidades públicas de Colombia». A la Universidad del Atlántico ingresaron paramilitares haca 1998, con el asesinato del profesor Raúl Peña y la desaparición y homicidio del estudiante Alexander Acuña. También fueron asesinados los estudiantes Reynaldo Serna y Humberto Contreras, quienes eran líderes universitarios y fueron perseguidos desde el Estado, pues antes de sus asesinatos se les abrieron procesos por rebelión. Freytter Romero fue activista docente. Una semana antes de ser asesinado, fue detenido por miembros de la Sijín, además contra él se hicieron seguimientos que llevaron a su asesinato. En su análisis, la Fiscalía consideró que «la existencia de una política contra una determinada comunidad (como la Universidad del Atlántico), el establecimiento de instituciones (o la toma de las mismas) para implementar dicha política, el hecho de que se involucren políticos, directivos o militares de alto rango», entre otros factores como la repetición de la violencia contra la población civil, puedes demostrar que casos como el de Freytter Romero fueron generalizados y sistemáticos. La declaración del homicidio como de lesa humanidad lo convierte en imprescriptible, es decir, que no importa cuánto tiempo pase, seguirá siendo investigado hasta que se imparta justicia. En el caso se ha logrado determinar que el homicidio se cometió en razón a la defensa de Freytter Romero de los derechos de los pensionados de la Universidad del Atlántico. Además, que «participaron de manera conjunta miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, quienes ya aceptaron su responsabilidad, junto con miembros de la fuerza pública, que en su momento integraban el Gaula de la ciudad de Barranquilla«. Además, la Fiscalía hace un recuento de más de seis casos de miembros de esa universidad asesinados por «grupos ilegales de extrema derecha» que irrumpieron en la administración de la Universidad. Entre las víctimas también está el profesor Alfredo Correa de Andreis, por cuyo homicidio el Estado tuvo que pedir perdón el año pasado. En todos los casos, ocurridos entre 1997 y 2006, se dio una repetición de actos como falsas denuncias, persecuciones penales y homicidio contra los miembros de la comunidad universitaria. Dice la Fiscalía que además fue un ataque generalizado y sistemático en el que se cometieron actos inhumanos como la tortura y que tuvo un móvil discriminatorio, en el caso de Freytter, con una motivación política.  

En busca de una brecha que recupere la justicia universal

   J. J. GÁLVEZ / El País.
Jorge Freytter-Florián muestra en Bilbao la denuncia que presentó en octubre en la Audiencia Nacional. FERNANDO DOMINGO-ALDAMA

Varias víctimas de crímenes tratan de encontrar un resquicio que revierta los recortes del Gobierno de Rajoy mientras el bloqueo político frena el pacto para reactivar esta legislación.

Jorge Freytter-Florián es consciente de que lucha contra el tiempo. Hace ya más de 18 años que su padre, sindicalista y profesor universitario colombiano, fue secuestrado y asesinado en Barranquilla por paramilitares en una «arremetida» contra «activistas y defensores de derechos humanos» que causó decenas de muertos. «Iba a casa cuando le detuvieron varias personas que viajaban en una furgoneta. Lo llevaron a una bodega sin ventilación, donde permaneció esposado durante horas. Hasta que fue torturado y ejecutado mediante asfixia», relata la denuncia que este nacionalizado español, y residente en el País Vasco desde hace más de una década, presentó en la Audiencia Nacional con el objetivo de que se declare el caso, «cercano a la prescripción» en el país sudamericano, como un crimen de lesa humanidad y se asuma la investigación.

Este bilbaíno de adopción encabeza así un nuevo intento de reactivar la justicia universal, sumándose a otros afectados que aún mantienen la batalla en los tribunales para hallar el resquicio que les permita revertir la restricción aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014. Ese año, el PP impuso su mayoría absoluta y desactivó las causas en los juzgados. Desde entonces, no ha habido manera de reiniciarlas. Ni siquiera, pese a que los dos grandes partidos pactaron recuperar parte de la legislación anulada en octubre de 2018, después de que la formación liderada por Pablo Casado rectificase. Más que nada, porque el bloqueo político ha paralizado esas intenciones.

Además, el pasado diciembre, solo unas semanas después de ese acuerdo político, el Tribunal Constitucional también avaló los recortes del Ejecutivo popular y, en unos meses, ha tumbando las causas que le iban llegando. Como la impulsada por la familia de José Couso, el reportero que murió el 8 de abril de 2003 tras el impacto contra el hotel Palestina (Bagdad, Irak) de un misil del Ejército estadounidense, que tras el revés del Constitucional se centra ahora en un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo para encontrar esa brecha que reabra la puerta a la justicia universal.

«Lo que vamos a plantear es que la actual legislación española sobre jurisdicción universal contraviene el Convenio Europeo de Derechos Humanos en su vertiente del derecho fundamental de acceso a la Justicia», adelanta Eduardo Gómez Cuadrado, abogado de la familia Couso.

Nuevos argumentos

Freytter-Florián, que califica la muerte de su padre como un crimen «político», también busca un resquicio legal. Y, según señala su letrado, Daniel Amelang, la denuncia trata de encontrarlo exponiendo la tesis de Manuel Ollé Sesé, profesor de Derecho Internacional en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). «Desde la óptica de nuestro derecho existe una obligación, derivada precisamente de los tratados internaciones, de investigar y perseguir delitos de lesa humanidad, que obligarían a nuestros tribunales a impedir la impunidad de estos delitos», subraya el escrito presentado en la Audiencia Nacional, donde se añade: «En el presente caso, es la ausencia de acción penal en los tribunales colombianos lo que motiva la petición de amparo ante los tribunales españoles».

«Consideramos que en el Estado español, por razón de nacionalidad y actual lugar de residencia de Jorge, es donde tiene que tomarse en consideración este asunto», prosigue Amelang, consciente de las dificultades que implica torcer el brazo de la jurisprudencia. «Con esta doctrina de Ollé, esperamos que al menos se inicie una investigación. No conozco ninguna querella donde se hayan utilizado unos argumentos similares», añade el abogado.

A la espera de que la Audiencia responda si admite a trámite la denuncia, Freytter mantiene la esperanza de encontrar a los responsables del asesinato de su padre: en Colombia solo se condenó a una persona y «las autorías intelectuales continúan por ser esclarecidas, además de que todavía hay dos autores materiales en paradero desconocido». No sabe si esta nueva vía le abrirá la puerta. O si lo hará el desbloqueo político. De momento, ese recorte de 2014 «lo que está suponiendo es que muchas familias queden desamparadas ante crímenes cometidos contra sus seres queridos», sentencia Gómez Cuadrado.

Cuando la violencia paramilitar se ensañó con el Atlántico

   Germán Gómez Polo – Twitter: @TresEnMil – ggomezp@elespectador.com

En plena Semana de la Memoria de la Universidad del Atlántico, El Espectador revela apartes de un extenso testimonio que dejó el condenado exparamilitar Carlos Arturo Romero Cuartas, alias «Montería», sobre los estragos que causó el Bloque Norte especialmente en Barranquilla.

Carlos Arturo Romero Cuartas, alias Montería, dice que fue reclutado en Atlántico cuando tenía 24 años, por Carlos Rodolfo Campo Ortiz, alias Moncho, quien fungía en esa época como el comandante militar en ese departamento de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En 1999 llegó el frente José Pablo Díaz (que en ese tiempo no tenía nombre aún), fue“patrullero urbano” en Barranquilla, luego comandante militar en Ciénaga (Magdalena) y, posteriormente, segundo comandante militar en Sabanalarga (Atlántico) para, finalmente, regresar a los comandos en Barranquilla.

leer más ➜

Presentan ante la JEP informe de asesinatos en la Universidad del Magdalena

   Opinión Caribe
Se conoció que la Justicia Especial para la Paz (JEP) recibió este martes un informe en el que se documentan 140 casos de asesinatos o desapariciones forzadas de estudiantes de universidades públicas, sindicalistas, trabajadores y profesores durante el conflicto armado colombiano. El documento, titulado «Universidades Públicas Bajo SOSpecha. Represión estatal a estudiantes, profesorado y sindicalistas en Colombia (2000-2019)», se elaboró en colaboración con un grupo de maestros de las universidades Nacional, Pedagógica y Distrital de Bogotá, detalló en un comunicado la asociación española Jorge Adolfo Freytter Romero. En el texto se destacan tres asesinatos ocurridos en la Universidad del Magdalena, donde perdieron la vida el estudiante Hugo Elías Maduro, cometido el 28 de mayo de 2000; el vicerrector Julio Otero, asesinado el 14 de mayo de 2001 y el decano de Educación de la misma universidad, Roque Morelli, perpetrado el día 5 de septiembre de 2002. El objetivo del informe es poner el foco «algunas de las consecuencias que el Estado y el paramilitarismo han generado con la sistemática vulneración de Derechos Humanos contra estudiantes, profesores/as, sindicalistas y trabajadores/as de las universidades públicas colombianas en el siglo XXI», según los autores.

¿Cuál es la verdad de la violencia en las universidades del Caribe?

  
La Asociación Jorge Freytter Romero entregó a la Comisión de la Verdad y a la JEP un informe sobre la represión que vivieron las universidades, especialmente en la Costa Caribe, por cuenta del Estado y los paramilitares. Además, reseñan al menos 150 estudiantes, profesores y sindicalistas asesinados en este contexto. Entre 1996 y 2003 en la Costa Caribe colombiana asesinaron a 17 profesores y a 20 estudiantes universitarios. Los señalaron de ser subversivos, terroristas o bandoleros. Justificaron los crímenes y no se investigaron. Era la época en la que las universidades públicas de esta región estaban cooptadas por el paramilitarismo y, de paso, estos tenían alianzas con la Fuerza Pública. Así se ha podido comprobar en casos como el del profesor de la Universidad del Atlántico Jorge Freytter Romero, quien fue secuestrado, torturado y asesinado por miembros del Gaula de la Policía en alianza con el Ejército y el frente José Pablo Díaz de las Auc, comandado por Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40. Esto después de que denunciara que el paramilitarismo estaba tomando los recursos de las universidades. Por hechos parecidos varias universidades públicas del Caribe han sido reconocidas como sujetos de reparación colectiva. leer más ➜

La Comisión de la Verdad recibió el informe ‘Universidades Públicas Bajo Sospecha: Represión estatal a estudiantes, profesorado y sindicalistas en Colombia (2000 – 2019)’ elaborado por la Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero (AJAFR).

   INFORME / Comisión de la Verdad (CEV)
«Debemos blindar a las universidades de las expresiones de violencia»: Marta Ruiz. Jorge Enrique Freytter Florián, uno de los autores del libro, explicó la importancia del documento: “Presentamos este informe para mostrar la represión que se vivió en las universidades públicas. El informe refleja los índices de persecución que vivieron profesores, estudiantes y líderes sindicales y en algunos casos la persecución directa por parte de estructuras estatales y el paramilitarismo”. Freytter, quien vive exiliado en el País Vasco, España, es hijo de Jorge Adolfo Freytter Romero, profesor de la Universidad del Atlántico, quien fue secuestrado, torturado y asesinado, entre el 28 y 29 de agosto de 2001 en Barranquilla. La familia del profesor pide que este crimen sea reconocido por la Fiscalía General de la Nación como de lesa humanidad. Por su parte, Yessika Hoyos, del Colectivo de Abogados Jaime Alvear Restrepo (CAJAR) destacó la investigación desarrollada y el valor que tiene para el trabajo de la Comisión: “Es importante que el país conozca el caso de las universidades públicas y que no se olvide. Porque fue la toma de las universidades y fue la estigmatización a personas que fueron señaladas de terroristas por mostrar su pensamiento crítico. Fueron señalados como enemigos internos y señalados públicamente para legitimar la arremetida que hubo después contra ellos”. Marta Ruiz, comisionada, agradeció el esfuerzo de los autores y explicó la importancia que tiene este informe para mostrar la victimización que se vivió en las universidades impidiendo el libre desarrollo de la cátedra, del pensamiento y los ataques a los líderes estudiantiles. “La Comisión ha optado por examinar patrones de violencia, no esclarecer casos individuales. Además de generar unos contextos explicativos para aclarar el por qué se produjeron. El conflicto armado interno no es solo una dinámica bélica, es también una dinámica política, que se enlaza con lo social y nosotros debemos dar una explicación histórica sobre cómo se relacionaron los grupos armados con la política, con lo social e incluso con lo cultural. Nuestra misión es explicar el entramado que nos llevó a tener un conflicto tan largo y que llega a dejar 9 millones de víctimas”, dijo. Finalmente, el comisionado Carlos Martín Beristain destacó la importancia de contar con la participación de víctimas exiliadas que quieren aportar al trabajo de la Comisión. “Este informe se construye desde el País Vasco y muestra que hay una historia de Colombia afuera de Colombia. Es un ejemplo de que la Comisión quiere escuchar a las víctimas que están en el exilio, que quiere unir esa verdad que hay aquí en Colombia con la verdad que se construye afuera”, concluyó.

Piden que asesinato del profesor Freytter sea declarado crimen de lesa humanidad

  
POR: KENJI DOKU @KENJIDOKU / El Heraldo 13 de Julio de 2019 – 00:00 Jorge Freytter, docente de Uniatlántico, fue asesinado en 2001. El sindicalista, abogado y profesor de la Universidad del Atlántico, Jorge Adolfo Freytter Romero, fue secuestrado, torturado y asesinado, entre el 28 y 29 de agosto de 2001 en Barranquilla y su cuerpo fue arrojado en el corregimiento de Palermo, jurisdicción de Sitionuevo, Magdalena. Después de 18 años, la familia del profesor continúa detrás del propósito que este episodio sea reconocido por la Fiscalía General de la Nación como un Crimen de Lesa Humanidad. A través de un comunicado, la Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero, en cabeza del hijo del profesor, Jorge Enrique Freytter Florián, expresa que entre los motivos existe que “la gravedad de los hechos han sido reconocidos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-OEA), con la admisión a trámite del ‘Caso Freytter’ el día 11 de Julio de 2013”. leer más ➜

El sindicalismo exiliado contó su historia ante la Comisión de la Verdad

  
Por Agencia de Información Laboral – AIL Los días 27 y 28 de mayo se realizó en Bogotá el encuentro entre la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y varios sindicalistas que vivieron en el exilio a causa de las amenazas durante el conflicto armado. El grupo de sindicalistas principalmente, de los sectores de la salud, educativo, público y campesino se reunieron con un grupo de trabajo liderado por el Comisionado Carlos Beristain. El objetivo de este taller fue escuchar las voces de los sindicalistas que en algún momento estuvieron exiliados para aportar al esclarecimiento de los hechos victimizantes contra el sindicalismo, esto en el ejercicio del mandato que viene cumpliendo la Comisión desde noviembre del 2018 con diferentes actores sociales a lo largo y ancho del país. Durante este encuentro el Comisionado explicó a los sindicalistas los alcances y enfoques de la Comisión, al respecto afirmó que “En el conflicto colombiano hay que pasar de la confusión a la comprensión de la complejidad”, haciendo referencia al papel que jugará en el futuro la Comisión con su informe. También hubo espacio para compartir la visión de cada uno de los asistentes sobre las hipótesis de lo sucedido con el fenómeno de la violencia antisindical desde 1958. Este encuentro contó con el apoyo de la Escuela Nacional Sindical, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y Viva la Ciudadanía.  Reunió a sindicalistas que sufrieron amenazas y atentados, por lo cual debieron exiliarse durante un periodo de sus vidas en otros países. Algunos de estos sindicalistas, desde el exilio, le apostaron a un rol sociopolítico, en ocasiones incluso, a la participación en la política electoral de movimientos alternativos en diferentes regiones. Muchas de las intervenciones, entre lágrimas, expusieron las difíciles situaciones atravesadas al dejar el país, y también las perspectivas y expectativas frente al retorno y el proceso de paz. Este espacio se suma a otros que se vienen desarrollando en diferentes regiones del país, en los cuales el movimiento sindical continúa preparándose, recogiendo información y aportando informes a los diferentes organismos del Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, entre ellos la Comisión de la Verdad.