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#ATENCION -Declaran de lesa humanidad homicidio de profesor Freytter Romero.

   EL TIEMPO
Fue asesinado y torturado el 28 de agosto de 2001, entre Barranquilla y Ciénaga, Magdalena.
Fue asesinado y torturado el 28 de agosto de 2001, entre Barranquilla y Ciénaga, Magdalena. Una fiscalía especializada contra las violaciones a los derechos humanos declaró como delito de lesa humanidad el homicidio de Jorge Adolfo Freytter Romero, profesor de la Universidad del Atlántico, ocurrido el 28 de agosto del 2001. La decisión se tomó en respuesta a la solicitud de la parte civil del proceso, que argumentó que la tortura y asesinato no fueron hechos aislados, sino que fueron comunes «a las agresiones constantes sufridas por miembros de las universidades públicas de Colombia». A la Universidad del Atlántico ingresaron paramilitares haca 1998, con el asesinato del profesor Raúl Peña y la desaparición y homicidio del estudiante Alexander Acuña. También fueron asesinados los estudiantes Reynaldo Serna y Humberto Contreras, quienes eran líderes universitarios y fueron perseguidos desde el Estado, pues antes de sus asesinatos se les abrieron procesos por rebelión. Freytter Romero fue activista docente. Una semana antes de ser asesinado, fue detenido por miembros de la Sijín, además contra él se hicieron seguimientos que llevaron a su asesinato. En su análisis, la Fiscalía consideró que «la existencia de una política contra una determinada comunidad (como la Universidad del Atlántico), el establecimiento de instituciones (o la toma de las mismas) para implementar dicha política, el hecho de que se involucren políticos, directivos o militares de alto rango», entre otros factores como la repetición de la violencia contra la población civil, puedes demostrar que casos como el de Freytter Romero fueron generalizados y sistemáticos. La declaración del homicidio como de lesa humanidad lo convierte en imprescriptible, es decir, que no importa cuánto tiempo pase, seguirá siendo investigado hasta que se imparta justicia. En el caso se ha logrado determinar que el homicidio se cometió en razón a la defensa de Freytter Romero de los derechos de los pensionados de la Universidad del Atlántico. Además, que «participaron de manera conjunta miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, quienes ya aceptaron su responsabilidad, junto con miembros de la fuerza pública, que en su momento integraban el Gaula de la ciudad de Barranquilla«. Además, la Fiscalía hace un recuento de más de seis casos de miembros de esa universidad asesinados por «grupos ilegales de extrema derecha» que irrumpieron en la administración de la Universidad. Entre las víctimas también está el profesor Alfredo Correa de Andreis, por cuyo homicidio el Estado tuvo que pedir perdón el año pasado. En todos los casos, ocurridos entre 1997 y 2006, se dio una repetición de actos como falsas denuncias, persecuciones penales y homicidio contra los miembros de la comunidad universitaria. Dice la Fiscalía que además fue un ataque generalizado y sistemático en el que se cometieron actos inhumanos como la tortura y que tuvo un móvil discriminatorio, en el caso de Freytter, con una motivación política.  

En busca de una brecha que recupere la justicia universal

   J. J. GÁLVEZ / El País.
Jorge Freytter-Florián muestra en Bilbao la denuncia que presentó en octubre en la Audiencia Nacional. FERNANDO DOMINGO-ALDAMA

Varias víctimas de crímenes tratan de encontrar un resquicio que revierta los recortes del Gobierno de Rajoy mientras el bloqueo político frena el pacto para reactivar esta legislación.

Jorge Freytter-Florián es consciente de que lucha contra el tiempo. Hace ya más de 18 años que su padre, sindicalista y profesor universitario colombiano, fue secuestrado y asesinado en Barranquilla por paramilitares en una «arremetida» contra «activistas y defensores de derechos humanos» que causó decenas de muertos. «Iba a casa cuando le detuvieron varias personas que viajaban en una furgoneta. Lo llevaron a una bodega sin ventilación, donde permaneció esposado durante horas. Hasta que fue torturado y ejecutado mediante asfixia», relata la denuncia que este nacionalizado español, y residente en el País Vasco desde hace más de una década, presentó en la Audiencia Nacional con el objetivo de que se declare el caso, «cercano a la prescripción» en el país sudamericano, como un crimen de lesa humanidad y se asuma la investigación.

Este bilbaíno de adopción encabeza así un nuevo intento de reactivar la justicia universal, sumándose a otros afectados que aún mantienen la batalla en los tribunales para hallar el resquicio que les permita revertir la restricción aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014. Ese año, el PP impuso su mayoría absoluta y desactivó las causas en los juzgados. Desde entonces, no ha habido manera de reiniciarlas. Ni siquiera, pese a que los dos grandes partidos pactaron recuperar parte de la legislación anulada en octubre de 2018, después de que la formación liderada por Pablo Casado rectificase. Más que nada, porque el bloqueo político ha paralizado esas intenciones.

Además, el pasado diciembre, solo unas semanas después de ese acuerdo político, el Tribunal Constitucional también avaló los recortes del Ejecutivo popular y, en unos meses, ha tumbando las causas que le iban llegando. Como la impulsada por la familia de José Couso, el reportero que murió el 8 de abril de 2003 tras el impacto contra el hotel Palestina (Bagdad, Irak) de un misil del Ejército estadounidense, que tras el revés del Constitucional se centra ahora en un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo para encontrar esa brecha que reabra la puerta a la justicia universal.

«Lo que vamos a plantear es que la actual legislación española sobre jurisdicción universal contraviene el Convenio Europeo de Derechos Humanos en su vertiente del derecho fundamental de acceso a la Justicia», adelanta Eduardo Gómez Cuadrado, abogado de la familia Couso.

Nuevos argumentos

Freytter-Florián, que califica la muerte de su padre como un crimen «político», también busca un resquicio legal. Y, según señala su letrado, Daniel Amelang, la denuncia trata de encontrarlo exponiendo la tesis de Manuel Ollé Sesé, profesor de Derecho Internacional en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). «Desde la óptica de nuestro derecho existe una obligación, derivada precisamente de los tratados internaciones, de investigar y perseguir delitos de lesa humanidad, que obligarían a nuestros tribunales a impedir la impunidad de estos delitos», subraya el escrito presentado en la Audiencia Nacional, donde se añade: «En el presente caso, es la ausencia de acción penal en los tribunales colombianos lo que motiva la petición de amparo ante los tribunales españoles».

«Consideramos que en el Estado español, por razón de nacionalidad y actual lugar de residencia de Jorge, es donde tiene que tomarse en consideración este asunto», prosigue Amelang, consciente de las dificultades que implica torcer el brazo de la jurisprudencia. «Con esta doctrina de Ollé, esperamos que al menos se inicie una investigación. No conozco ninguna querella donde se hayan utilizado unos argumentos similares», añade el abogado.

A la espera de que la Audiencia responda si admite a trámite la denuncia, Freytter mantiene la esperanza de encontrar a los responsables del asesinato de su padre: en Colombia solo se condenó a una persona y «las autorías intelectuales continúan por ser esclarecidas, además de que todavía hay dos autores materiales en paradero desconocido». No sabe si esta nueva vía le abrirá la puerta. O si lo hará el desbloqueo político. De momento, ese recorte de 2014 «lo que está suponiendo es que muchas familias queden desamparadas ante crímenes cometidos contra sus seres queridos», sentencia Gómez Cuadrado.

Cuando la violencia paramilitar se ensañó con el Atlántico

   Germán Gómez Polo – Twitter: @TresEnMil – ggomezp@elespectador.com

En plena Semana de la Memoria de la Universidad del Atlántico, El Espectador revela apartes de un extenso testimonio que dejó el condenado exparamilitar Carlos Arturo Romero Cuartas, alias «Montería», sobre los estragos que causó el Bloque Norte especialmente en Barranquilla.

Carlos Arturo Romero Cuartas, alias Montería, dice que fue reclutado en Atlántico cuando tenía 24 años, por Carlos Rodolfo Campo Ortiz, alias Moncho, quien fungía en esa época como el comandante militar en ese departamento de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En 1999 llegó el frente José Pablo Díaz (que en ese tiempo no tenía nombre aún), fue“patrullero urbano” en Barranquilla, luego comandante militar en Ciénaga (Magdalena) y, posteriormente, segundo comandante militar en Sabanalarga (Atlántico) para, finalmente, regresar a los comandos en Barranquilla.

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Presentan ante la JEP informe de asesinatos en la Universidad del Magdalena

   Opinión Caribe
Se conoció que la Justicia Especial para la Paz (JEP) recibió este martes un informe en el que se documentan 140 casos de asesinatos o desapariciones forzadas de estudiantes de universidades públicas, sindicalistas, trabajadores y profesores durante el conflicto armado colombiano. El documento, titulado «Universidades Públicas Bajo SOSpecha. Represión estatal a estudiantes, profesorado y sindicalistas en Colombia (2000-2019)», se elaboró en colaboración con un grupo de maestros de las universidades Nacional, Pedagógica y Distrital de Bogotá, detalló en un comunicado la asociación española Jorge Adolfo Freytter Romero. En el texto se destacan tres asesinatos ocurridos en la Universidad del Magdalena, donde perdieron la vida el estudiante Hugo Elías Maduro, cometido el 28 de mayo de 2000; el vicerrector Julio Otero, asesinado el 14 de mayo de 2001 y el decano de Educación de la misma universidad, Roque Morelli, perpetrado el día 5 de septiembre de 2002. El objetivo del informe es poner el foco «algunas de las consecuencias que el Estado y el paramilitarismo han generado con la sistemática vulneración de Derechos Humanos contra estudiantes, profesores/as, sindicalistas y trabajadores/as de las universidades públicas colombianas en el siglo XXI», según los autores.

¿Cuál es la verdad de la violencia en las universidades del Caribe?

  
La Asociación Jorge Freytter Romero entregó a la Comisión de la Verdad y a la JEP un informe sobre la represión que vivieron las universidades, especialmente en la Costa Caribe, por cuenta del Estado y los paramilitares. Además, reseñan al menos 150 estudiantes, profesores y sindicalistas asesinados en este contexto. Entre 1996 y 2003 en la Costa Caribe colombiana asesinaron a 17 profesores y a 20 estudiantes universitarios. Los señalaron de ser subversivos, terroristas o bandoleros. Justificaron los crímenes y no se investigaron. Era la época en la que las universidades públicas de esta región estaban cooptadas por el paramilitarismo y, de paso, estos tenían alianzas con la Fuerza Pública. Así se ha podido comprobar en casos como el del profesor de la Universidad del Atlántico Jorge Freytter Romero, quien fue secuestrado, torturado y asesinado por miembros del Gaula de la Policía en alianza con el Ejército y el frente José Pablo Díaz de las Auc, comandado por Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40. Esto después de que denunciara que el paramilitarismo estaba tomando los recursos de las universidades. Por hechos parecidos varias universidades públicas del Caribe han sido reconocidas como sujetos de reparación colectiva. leer más ➜

La Comisión de la Verdad recibió el informe ‘Universidades Públicas Bajo Sospecha: Represión estatal a estudiantes, profesorado y sindicalistas en Colombia (2000 – 2019)’ elaborado por la Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero (AJAFR).

   INFORME / Comisión de la Verdad (CEV)
«Debemos blindar a las universidades de las expresiones de violencia»: Marta Ruiz. Jorge Enrique Freytter Florián, uno de los autores del libro, explicó la importancia del documento: “Presentamos este informe para mostrar la represión que se vivió en las universidades públicas. El informe refleja los índices de persecución que vivieron profesores, estudiantes y líderes sindicales y en algunos casos la persecución directa por parte de estructuras estatales y el paramilitarismo”. Freytter, quien vive exiliado en el País Vasco, España, es hijo de Jorge Adolfo Freytter Romero, profesor de la Universidad del Atlántico, quien fue secuestrado, torturado y asesinado, entre el 28 y 29 de agosto de 2001 en Barranquilla. La familia del profesor pide que este crimen sea reconocido por la Fiscalía General de la Nación como de lesa humanidad. Por su parte, Yessika Hoyos, del Colectivo de Abogados Jaime Alvear Restrepo (CAJAR) destacó la investigación desarrollada y el valor que tiene para el trabajo de la Comisión: “Es importante que el país conozca el caso de las universidades públicas y que no se olvide. Porque fue la toma de las universidades y fue la estigmatización a personas que fueron señaladas de terroristas por mostrar su pensamiento crítico. Fueron señalados como enemigos internos y señalados públicamente para legitimar la arremetida que hubo después contra ellos”. Marta Ruiz, comisionada, agradeció el esfuerzo de los autores y explicó la importancia que tiene este informe para mostrar la victimización que se vivió en las universidades impidiendo el libre desarrollo de la cátedra, del pensamiento y los ataques a los líderes estudiantiles. “La Comisión ha optado por examinar patrones de violencia, no esclarecer casos individuales. Además de generar unos contextos explicativos para aclarar el por qué se produjeron. El conflicto armado interno no es solo una dinámica bélica, es también una dinámica política, que se enlaza con lo social y nosotros debemos dar una explicación histórica sobre cómo se relacionaron los grupos armados con la política, con lo social e incluso con lo cultural. Nuestra misión es explicar el entramado que nos llevó a tener un conflicto tan largo y que llega a dejar 9 millones de víctimas”, dijo. Finalmente, el comisionado Carlos Martín Beristain destacó la importancia de contar con la participación de víctimas exiliadas que quieren aportar al trabajo de la Comisión. “Este informe se construye desde el País Vasco y muestra que hay una historia de Colombia afuera de Colombia. Es un ejemplo de que la Comisión quiere escuchar a las víctimas que están en el exilio, que quiere unir esa verdad que hay aquí en Colombia con la verdad que se construye afuera”, concluyó.

Piden que asesinato del profesor Freytter sea declarado crimen de lesa humanidad

  
POR: KENJI DOKU @KENJIDOKU / El Heraldo 13 de Julio de 2019 – 00:00 Jorge Freytter, docente de Uniatlántico, fue asesinado en 2001. El sindicalista, abogado y profesor de la Universidad del Atlántico, Jorge Adolfo Freytter Romero, fue secuestrado, torturado y asesinado, entre el 28 y 29 de agosto de 2001 en Barranquilla y su cuerpo fue arrojado en el corregimiento de Palermo, jurisdicción de Sitionuevo, Magdalena. Después de 18 años, la familia del profesor continúa detrás del propósito que este episodio sea reconocido por la Fiscalía General de la Nación como un Crimen de Lesa Humanidad. A través de un comunicado, la Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero, en cabeza del hijo del profesor, Jorge Enrique Freytter Florián, expresa que entre los motivos existe que “la gravedad de los hechos han sido reconocidos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-OEA), con la admisión a trámite del ‘Caso Freytter’ el día 11 de Julio de 2013”. leer más ➜

El sindicalismo exiliado contó su historia ante la Comisión de la Verdad

  
Por Agencia de Información Laboral – AIL Los días 27 y 28 de mayo se realizó en Bogotá el encuentro entre la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición y varios sindicalistas que vivieron en el exilio a causa de las amenazas durante el conflicto armado. El grupo de sindicalistas principalmente, de los sectores de la salud, educativo, público y campesino se reunieron con un grupo de trabajo liderado por el Comisionado Carlos Beristain. El objetivo de este taller fue escuchar las voces de los sindicalistas que en algún momento estuvieron exiliados para aportar al esclarecimiento de los hechos victimizantes contra el sindicalismo, esto en el ejercicio del mandato que viene cumpliendo la Comisión desde noviembre del 2018 con diferentes actores sociales a lo largo y ancho del país. Durante este encuentro el Comisionado explicó a los sindicalistas los alcances y enfoques de la Comisión, al respecto afirmó que “En el conflicto colombiano hay que pasar de la confusión a la comprensión de la complejidad”, haciendo referencia al papel que jugará en el futuro la Comisión con su informe. También hubo espacio para compartir la visión de cada uno de los asistentes sobre las hipótesis de lo sucedido con el fenómeno de la violencia antisindical desde 1958. Este encuentro contó con el apoyo de la Escuela Nacional Sindical, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y Viva la Ciudadanía.  Reunió a sindicalistas que sufrieron amenazas y atentados, por lo cual debieron exiliarse durante un periodo de sus vidas en otros países. Algunos de estos sindicalistas, desde el exilio, le apostaron a un rol sociopolítico, en ocasiones incluso, a la participación en la política electoral de movimientos alternativos en diferentes regiones. Muchas de las intervenciones, entre lágrimas, expusieron las difíciles situaciones atravesadas al dejar el país, y también las perspectivas y expectativas frente al retorno y el proceso de paz. Este espacio se suma a otros que se vienen desarrollando en diferentes regiones del país, en los cuales el movimiento sindical continúa preparándose, recogiendo información y aportando informes a los diferentes organismos del Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, entre ellos la Comisión de la Verdad.

Un académico exige justicia a México por ser deportado con engaños a Colombia acusado de terrorismo

  
Por infobae Volvió a México porque quiere ser un ejemplo de las consecuencias personales, familiares y políticas que tienen las malas prácticas de deportación. El colombiano Miguel Ángel Beltrán Villegas fue víctima del sistema de migración y refugio de México. Todo comenzó en 2009, cuando le fue negado el asilo político en el país y se le prohibió entrar a territorio nacional durante 40 años. En ese entonces, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe dio a conocer la captura de quien según él, era un terrorista internacional altamente peligroso con vínculos con las FARC. En realidad, era un hombre que defendía la libertad de expresión e inculcaba el pensamiento crítico en sus alumnos. leer más ➜

Nota Informativa – Ultimos hechos de persecución y judicialización a la oposición política colombiana, específicamente dentro del ámbito académico y universitario.

  
Bilbao, 6 de Mayo de 2019.

Nota informativa 

La “Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero. Estudios sobre Violencia Política en América Latina y en su especialidad: Universidades Públicas (AJAFR)” con sede social en el País Vasco, ha venido trabajando en el acompañamiento internacional en la defensa al Pensamiento Crítico, la Justicia y la Reparación integral a víctimas del paramilitarismo y del Estado colombiano (incluyendo a las Víctimas del conflicto que se encuentran en el exilio político), investigando la Violencia Política en las universidades públicas colombianas y acompañando procesos de Memoria Histórica.  Como parte de nuestro trabajo de seguimiento,  debemos expresar públicamente ante la comunidad internacional, nuestra profunda preocupación por los últimos hechos de persecución y judicialización a la oposición política colombiana, específicamente dentro del ámbito académico y universitario, situación que reafirma crisis humanitaria en el país. Han sido numerosos los casos de capturas, judicializaciones, amenazas y atentados contra activistas universitarios/as, profesores/as y líderes/as sociales que se muestran críticos/as frente al autoritarismo del Estado.  Año tras año, vemos como destacadas líderes/as son encarcelados por gobiernos que no muestran vocación democrática alguna, que mienten descaradamente frente a la persecución política que sufre cualquiera que rechaza sus grandes negocios: en las regiones son diarios los asesinatos y en las ciudades los encarcelamientos.  leer más ➜