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Ante la designación por parte del Gobierno de Iván Duque del señor Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo del paramilitar “Jorge 40”, como Director de Víctimas del Ministerio del Interior.

  

COMUNICADO

Ante la designación por parte del Gobierno de Iván Duque del señor Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo del paramilitar “Jorge 40”, como Director de Víctimas del Ministerio del Interior, desde la Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero, manifestamos nuestra más enérgica repulsa, por los siguientes motivos:

  1. El señor Jorge Rodrigo Tovar Vélez ha manifestado públicamente su oposición al Proceso de Paz en Colombia, por lo que su designación supone una grave amenaza a la construcción de paz y a la reparación de las víctimas del paramilitarismo. Por lo tanto, este nombramiento por parte del Gobierno es una ofensa para amplios sectores de víctimas del conflicto y quiebra el espíritu de reconciliación del Acuerdo de La Habana.
  2. El Gobierno de Iván Duque da otro paso hacia la impunidad de los victimarios, en esta ocasión, con el nombramiento del hijo de un jefe paramilitar, condenado por múltiples y graves violaciones de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, como representante de las víctimas del conflicto armado colombiano.
  3. En la Región Caribe, la responsabilidad de “Jorge 40” en los asesinatos sistemáticos de líderes/as, sindicalistas y defensores/as de Derechos Humanos como miembro de la máxima dirección del Bloque Norte de las AUC, produjo centenares de víctimas inocentes en lo que se considera un genocidio contra la oposición social, académica y política al modelo paramilitar. En este sentido, el actual Director de Víctimas carece de la necesaria imparcialidad para desempeñar un cargo de representación ante todas las víctimas del conflicto armado.

El daño cometido con esta designación a las víctimas de “Jorge 40”, es un daño a la credibilidad del Gobierno en materia de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Por lo tanto, denunciamos ante la comunidad internacional, la impunidad absoluta de los victimarios paramilitares, amparados por las altas instancias del Estado, mediante la promoción de los familiares de criminales de guerra en las mismas instituciones que deberían proteger a sus víctimas.

En Bilbao, País Vasco, a 19 de mayo de 2020.

www.freytter.eusweb@freytter.eu

QUINCE AÑOS DE EDAD +QUINCE AÑOS DE DIGNIDAD = TREINTA AÑOS DE LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD.

   YURI ENRIQUE NEIRA SALAMANCA
DESDE EL EXILIO
**Rugen las gargantas en la manifestación,
Miles son las voces que gritan:
¡no a la globalización!
¡NO!
Muertos de Cristo. Muerte accidental de un Anarquista.
Aquel domingo, primero de mayo de 2005, las calles Bogotanas se vestían de fiesta, de la voz de los trabajadores que celebraban la digna lucha popular, banderas rojinegras, gritos libertarios, sectores sociales organizados y la sinfonía de un pueblo que clama justicia social, se alzaban en contra de las políticas de Estado.
**Suenan las sirenas, Todo está bajo control, Un infiltrado entre la masa, Incita a la provocación.
Suenan silbatos, hay orden de cargar, La multitud se prepara, comienza la batalla…
El ambiente se tornó oscuro, luego de que el nefasto Escuadrón de la Muerte Aniquilación y Destrucción, Esmad apareciera, intentando acabar con la fiesta del pueblo, amedrentando manifestantes, lanzando gases y aturdidoras a lo largo y ancho de la marcha que se concentraba en el Centro de la Capital. A la altura de la Carrera Séptima, con Calle 18, un escuadrón comandado por Julio Cesar Torrijos Devia, vulneró a los marchantes que transitaban por las calles. Haciendo uso de la fuerza, atacó indiscriminadamente a quien se encontraba marchando.
Estruendos, explosiones y confusión se tomaron la vía, la orden estaba dada, ese día la parca merodeaba, uno de los mercenarios de coraza oscura señaló con el dedo poniéndolo en el gatillo de su arma, disparó una recalzada que impactó en la humanidad de Nicolás.
**Pero algo ocurre, Se oye un grito desgarrador, ¡asesinos, asesinos! Vocea la manifestación, Pero algo ocurre, hay caos, confusión, En el suelo yace inerte un anónimo luchador.
La tarde de aquel domingo se entintó de un llanto profundo, la fiesta popular de los trabajadores fue enlutada por un manto de gases, piedras, gritos y muerte. Las calles prendadas de indignación vieron desplomar a aquel joven de quince años, que marchaba por convicción, quien se había unido a la marcha por la lucha animalista, gritando contra la globalización. La gente corría desesperada, los gases enrarecieron el aire y Nicolás en estado de shock sintió en su cabeza un profundo dolor.
**Y ahí está, sobre el asfalto, El cuerpo muerto, de un joven libertario. Y ahí está, sobre el asfalto, El cuerpo muerto, de un joven libertario.
15 años tenía cuando lo asesinaron y 15 años han pasado llenos de injusticia.
¿Ser buen o mal padre. Culpa o disculpa?
Esta pregunta invade mi ser, no sé como pedirte perdón, he debido estar más pendiente de ti. Era domingo 1°mayo, no sé si fui buen padre o mal padre, si no estuve la única vez que de verdad me necesitaste. Cuando el policía NESTOR JULIO RODRÍGUEZ RÚA te disparaba por la espada, los otros Esmad te remataban en el suelo con sus porras y a pateadas y yo no estaba ahí.
¿Bueno / Malo. Culpa / Disculpa? La dicotomía se hace presente cada año y cada vez más fuerte.
-La alegría de verte Vs no volverte a ver.
-Verte por primera vez en la clínica, tu nacimiento Vs Allá mismo en un hospital te vi la última vez muriendo.
-Gozo y risas al verte Vs lágrimas y dolor por no volver a verte.
-Verte saltar de un lado a otro Vs observarte inmóvil entre un cajón en silencio.
-Tomar fotos en tus celebraciones Vs hacer murales y graffittis con tu último rostro acuñado en mi memoria y el dolor matándome por dentro.
-Torta o ponqué Vs velas, flores, letanías y profundo duelo.
-Reírse Vs llorar. Como dice la canción “con la emoción apretando por dentro”
**La historia se vuelve a repetir, Ya lo escribió Darío Fo. Muerte accidental de un anarquista, Muerte accidental de un joven idealista.
Nunca quise que te fueras, te arrancaron de mí, de nosotros. Pero el tiempo y el dolor ahí queda, como ha quedado tu cuerpo cinco metros bajo tierra, tierra cubierta de pasto bien cortado, para desfile o postal, pero con olor a muerte e impunidad. Con el tiempo y con el paso de los días, – “cumplimos 5.478 días” -, que son 15 años. Lamento confesar que en mi vieja cabeza, que despunta muchas canas, muchos recuerdos se difuminan y otros se multiplican, están tan pegados como el color de mi piel.
**Solo fue casualidad, Todo ha sido un error, Manipulan prensa y televisión, Y aquí no ha pasado nada, El silencio buena coartada, Todo está bien orquestado, Llamemos accidente, Al terrorismo de Estado.
Perdón, perdón hijo si se me escapan recuerdos. Los días, los meses y años son implacables con todos. Entre lo bueno del paso del tiempo es que cada día nuestra cita está más cerca (maneras hay). Entre lo malo, sabes que desde tu partida muchos valores y metas, sin ti, no tienen sentido. Ya lo dije una vez, para mí sin ti, el sol no ilumina ni calienta igual, el azúcar no endulza lo mismo y la sal no adereza mi paladar. No sólo dejaste un cupo en el colegio o un asiento en la ruta. Tu pronta partida, – “sólo tenías 15 años”- me marcó, como se marca al ganado, a fuego. Lo bueno es que me convirtieron en “Salmón”, que he mudado de ideas como de colores, cambié la ruta de borrego y ahora voy en contravía.
**Y al respirar, saltan las lágrimas, Por la impotencia que me desgarra el alma.
La historia se vuelve a repetir, Ya lo escribió Darío Fo. Muerte accidental de un anarquista, Muerte accidental de un joven idealista.
Van 15 años de tu fatal ausencia, 15 años de impunidad, 15 años de encubrimiento por parte de la Fiscalía, la malintencionada negligencia del C.T.I, de jueces deshonestos. “El fiscal Juan Carlos Molina Oliveros” es historia y capítulo a parte, ¿Cómo un miserable pelele con poder puede destruir la imagen de los abogados y su labor? Finalmente se evidencia una institución policial al servicio de asesinos, con una plataforma al estilo de sicarios de “la terraza”, o “la oficina” protegida por las nefastas políticas del establecimiento, una institución al servicio de la mafia y de agentes corruptos que violentan a la población civil, perros rabiosos con licencia que asesinan a mi país todos los días, sepan ustedes que seguiré luchando con las fuerzas de mi ser por mantener viva la memoria de mi hijo, no descansaré hasta develar la verdad mediante el castigo a los asesinos de Nicolás. Hoy su voz sigue rugiendo con la fuerza de nuestro territorio, y la impunidad concomitante no logrará salir victoriosa en esta lucha constante de nuestra memoria colectiva para difuminar la amnesia colectiva y el olvido.
Una rosa ha sido pisoteada, Por llamarse libertad, Y sus pétalos de color rojo, Tiñen las calles de Génova. Nos podéis encarcelar, Nos podéis torturar, Nos podéis asesinar, Pero nunca podréis callar la voz De a solidaridad. Porque nuevamente: Rugen las gargantas en la manifestación, Miles son las voces que gritan: ¡no a la globalización! ¡no!
Hijo, ¡por ti seguiremos gritando Nunca Más! Aunque quieran ahogar, nuestros sueños con gas, gritaremos a pulmón, está prohibido olvidar. Esos que ya no están, no se cansan de hablar, te gritan revolución, está prohibido olvidar.
Que se sepa: “A Nico lo mataron sicarios del Estado y lo recordaremos como pueblo organizado,
A Nico lo mataron los tombos represores y no perdonaremos, libertarios luchadores

REQUERIMIENTO: SOLICITUD DE PROTECCION DE MANERA URGENTE PARA LOS PERIODISTAS JULIAN MARTINEZ VALLEJO Y GONZALO GUILLEN.

  

Honorable Don, FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DELGADO Fiscal General de la Nación Avenida Calle 24 N° 52-01 Ciudad Salitre- Nivel Central- Bogotá, D.C.

Con Copia:

  • Unidad Nacional de Protección o UNP
  • Defensoría del Pueblo
  • Ayuntamiento de Gernika / Gernika-Lumoko Udala
  • Intergrupo de Apoyo al Proceso de Paz de Colombia del Parlamento Vasco

REQUERIMIENTO: SOLICITUD DE PROTECCION DE MANERA URGENTE PARA LOS PERIODISTA JULIAN MARTINEZ VALLEJO Y GONZALO GUILLEN.

La ASOCIACIÓN JORGE ADOLFO FREYTTER ROMERO. ESTUDIO SOBRE VIOLENCIA POLÍTICA EN AMERICA LATINA Y EN SU ESPECIALIDAD: UNIVERSIDADES PÚBLICAS COLOMBIANAS (AJAFR). Inscrita en el Registro General de Asociaciones del País Vasco con el número AS/B/16793/2012, hace constar:

Que habiendo sido comunicados por los periodistas colombianos don Julián Martínez Vallejo y Gonzalo Guillen en relación con las últimas situaciones de vulneración directa de sus Derechos Humanos como consecuencia de seguimientos, interceptaciones y hostigamientos, constatamos el riesgo de sufrir un inminente atentado contra su vida por las denominadas ‘fuerzas oscuras’ o grupos ‘para-Estatales’, cuyo objetivo es silenciar las investigaciones periodísticas que vienen realizando durante las últimas semanas, sobre la situación de la “Ñeñe Política” en Colombia.

A tal efecto, instamos a la institucionalidad colombiana a velar por la protección de los Derechos Humanos del periodista Julián Martínez Vallejo y Gonzalo Guillén, en la ciudad de Bogotá. Desde la Comunidad Internacional conocemos el trabajo riguroso que vienen realizando estos dos periodistas de prestigio y expresamos nuestra honda preocupación por la situación de vulnerabilidad en un contexto de falta de garantías para la protección de los Derechos Humanos en Colombia, donde en el 2020 se suman 83 periodistas víctimas y 64 violaciones directas contra este sector profesional, tal y como señala la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

Desde la Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero hemos colaborado estrechamente con el periodista Julián Martínez[1], a quién acompañamos en una gira internacional avalada por el Ayuntamiento de Gernika, entidad que sustenta el Acuerdo de Paz de Colombia en 2017. En colaboración con esta administración pública, con el profesorado de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), con Organizaciones de la sociedad civil y con otras instituciones público-privadas, venimos realizando investigaciones y seguimiento al cumplimiento del Acuerdo de Paz y al respeto de los Derechos Humanos en Colombia, que en los últimos años están sufriendo una preocupante involución.

Al objeto de preservar la vida y la integridad física de los periodistas colombianos don Julián Martínez Vallejo y Gonzalo Guillen, activamos un mecanismo de monitoreo directo de comunicación con los periodistas, conociendo el estado de su falta de protección, denunciando su vulnerabilidad y facilitando el ejercicio de la Libertad de Prensa divulgando las investigaciones que han desarrollado. A este respecto, exigimos los buenos oficios de para salvaguardar la vida de los periodistas.

En justicia y con respeto, insto en País Vasco, a 16 de marzo de 2020.

[1] JULIÁN MARTÍNEZ Y MAGDA CORREA DE ANDREIS OFRECEN SU TESTIMONIO SOBRE LA SITUACIÓN DEL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA «Santos pecó de exceso de confianza al someter el proceso de paz a referéndum» 09/02/2017,  https://www.ehu.eus/es/web/guest/content/-/asset_publisher/W6wn/content/20170210_n_entrevista-colombia

Contra los montajes judiciales en las universidades colombianas

  
 

Contra los montajes judiciales en las universidades colombianas

 

País Vasco, marzo de 2020

Mediante este texto expresamos nuestra preocupación ante la denuncia pública que han realizado los docentes Rosembert Ariza, Miguel Ángel Beltrán y Nubia Ruiz (adscritos al departamento de Sociología de la Universidad Nacional) y Renán Vega, docente de la Universidad Pedagógica Nacional, que manifiestan estar siendo víctimas de un posible montaje judicial, que cuenta con acciones previas de hostigamiento y persecución tanto a ellos como a sus familias.

En los últimos años, observadores internacionales, entidades sociales y profesores universitarios hemos podido constatar la persecución al pensamiento crítico en el interior de las universidades públicas colombianas. Esta persecución se ha caracterizado por ejercerse de diferentes formas (brutalidad policial, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales…) y por llevarse a cabo de manera sistemática, tal y como muestra el trabajo de investigación “Universidades Públicas bajo S.O.S.pecha: represión estatal a estudiantes, profesorado y sindicalistas en Colombia (2000-2019)”, en el que participan algunos de los profesores citados y otros a nivel internacional y que documenta 140 casos de víctimas de represión estatal en los últimos veinte años.

Los montajes judiciales han sido, precisamente, una práctica repetida contra estudiantes y profesores y se han llevado a cabo a través de diferentes tácticas, como la asociación falsa de documentos, los procesamientos sin garantías, la dilación de los juicios, los encarcelamientos injustos y la mancha del buen nombre de las víctimas.

En esta ocasión, los profesores denuncian que el pasado 27 de enero de 2020 llegó a la oficina de Rosembert Ariza (ubicada en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá) un paquete sellado, en el que se remitía un escrito de 21 páginas, con el emblema del Movimiento Revolucionario del Pueblo [MRP] y firmado por Remedios La Bella, militante del MRP. Al final del mismo aparecen los nombres de los profesores, como si ellos fuesen los redactores y, por tanto, ideólogos y militantes del MRP.

Los abajo firmantes expresamos nuestra solidaridad ante la persecución y violencia que están sufriendo Rosembert Ariza, Miguel Ángel Beltrán, Nubia Ruiz, Renán Vega y sus familias y consideramos que su labor es fundamental en el ámbito académico y social, tanto por sus investigaciones independientes como por sus cuestionamientos críticos. Así mismo, mediante este escrito, apelamos a diversas instituciones y organismos internacionales a velar por los derechos de estos académicos.

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Testu honen bidez, adierazi egin nahi dugu oso kezkatuta gaudela Unibertsitate Nazionaleko Soziologia Saileko Rosembert Ariza, Miguel Ángel Beltrán eta Nubia Ruiz irakasleek eta Unibertsitate Pedagogiko Nazionaleko Renán Vega irakasleak egin duten salaketa publikoagatik. Izan ere, euren esanetan, ustezko amarru judizialaren biktimak dira, eta, bertan, eurek zein euren familiek esespenerako eta jazarpenerako aurretiazko ekintzak jasan dituzte.

Azken urteotan, nazioarteko behatzaile, gizarte-erakunde eta unibertsitateko irakasleok egiaztatu egin ahal izan dugu pentsamendu kritikoa jazartzen dela Kolonbiako unibertsitate publikoetan. Jazarpen hori zenbait eratara egiten da (poliziaren zakarkeria, desagerpen behartua, judizioz kanpoko exekuzioak…), eta modu sistematikoan garatzen da, honako ikerlan honetan azaltzen den bezala: “Unibertsitate publiko susmagarriak: Kolonbiako ikasle, irakasle eta sindikalisten aurkako zapalkuntza estatala (2000-2019)”. Bertan, aipatutako irakasle batzuek eta nazioarteko beste batzuek parte hartzen dute, eta azken hogei urteotako zapalkuntza estataleko biktimen 140 kasu dokumentatzen dira.

Amarru judizialak, hain zuzen ere, ikasle zein irakasleen aurka behin eta berriro garatutako jarduketa izan dira, eta zenbait taktikaren bidez egin dira; esate baterako, agiriak modu faltsuan atxikitzea, bermerik gabe auzipetzea, epaiketak luzatzea, bidegabe espetxeratzea eta biktimen izen ona zikintzea.

Oraingoan, irakasleek salatu egin dute 2020ko urtarrilaren 27an pakete zigilatua iritsi zela Rosembert Arizaren bulegora (Kolonbiako Unibertsitate Nazionalak Bogotan daukan egoitzan dago kokatuta). Bertan, 21 orrialdeko idazkia bidaltzen zen. Herriaren Mugimendu Iraultzailearen [MRP] ikurra zeraman, eta MRPko militantea den Remedios La Bellak sinatzen zuen. Idazki horren amaieran, irakasleen izenak agertzen dira, haiek idatzi izan balute bezala eta, horren ondorioz, MRPko ideologoak zein militanteak izango balira bezala.

Beheko aldean sinatzen dugunok geure elkartasuna adierazten diegu Rosembert Arizari, Miguel Ángel Beltráni, Nubia Ruizi, Renán Vegari eta haien familiei, jasaten dituzten jazarpenagatik eta indarkeriagatik. Gainera, gure ustez, haien lana funtsezkoa da arlo akademikoan nahiz sozialean, ikerketa independenteak eta eztabaida kritikoak egiten dituztelako. Era berean, idazki honen bitartez, nazioarteko zenbait instituzio eta erakunderi eskatu nahi diegu akademiko horien eskubideak babestu ditzatela.

Profesorado firmantes:

María Ruiz Aranguren Profesora en la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea.

Alexander Ugalde Zubiri Profesor en la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea

 Antxoka Agirre Maiora Profesor en la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea

 Xabier Albizu Landa Profesor en la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea

Luismi Uharte Pozas Profesor en la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea

Iratxe Perea Ozerin Profesora en la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea

 Juan Hernández Zubizarreta Profesor en la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea

ORGANIZACIONES:

Jorge Adolfo Freytter Romero Elkartea (AJAFR)

Ezker Anitza-IU

Cear-Euskadi

Mugarik Gabe

Mundu Bat

Parekide Elkartea

Ezker Anitza-IU

Giltza elkartearena

PCE-EPK.

Euskadi – Kuba Elkartea

Salvador González Santiago, Miembro de la Asociación Euskadi Cuba

José Manzaneda – Cubainformación

Komite Internazionalistak

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Lecciones de un homicidio

   Yohir Akerman

El pasado 14 de enero la Fiscalía 76 de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos declaró como delito de lesa humanidad el homicidio de Jorge Adolfo Freytter Romero, profesor de la Universidad del Atlántico, ocurrido entre el 28 y 29 de agosto de 2001.

La noticia pasó casi desapercibida, pero es muy importante ya que la decisión del fiscal Óscar Fabián Rodríguez Lizarazo implica, entre otras cosas, que la acción penal no prescribe y que la investigación continúa.

Recordemos, ya que recordar es vivir.

Cerca de las 12 del día del 28 de agosto de 2001, el profesor Freytter fue retenido al llegar a su casa en Barranquilla por un grupo de hombres fuertemente armados.

En medio del miedo y la confusión fue golpeado e introducido de forma violenta en una camioneta Toyota Hilux, que lo trasladó a una bodega desocupada por la zona de Ciénaga, Magdalena. Esposado y deshidratado por el calor de la región, la víctima fue sometida por más de 24 horas a actos de humillación y tortura, que finalmente terminaron en su muerte el 29 de agosto a causa de asfixia provocada por una bolsa de plástico en su cabeza. (Ver Contexto).

Jorge Freytter fue profesor de la Universidad del Atlántico por aproximadamente 20 años, tiempo durante el cual habría participado activamente en distintas actividades de carácter sindical.

Como líder sindical, Freytter buscaba impedir que los dineros de las pensiones atrasadas fueran a terminar en las arcas de las campañas de los políticos que tenían pactos con los paramilitares de la región.

De acuerdo con la resolución dada a conocer el pasado 14 de enero, “se logró demostrar que no se trataba de un hecho aislado, sino que el homicidio del profesor Freytter fue uno más de un plan sistemático en contra de aquellos miembros que ejercían su voz en contra de la apropiación de la alma mater por fuerzas ajenas a la misma, que, inclusive, se asociaron con grupos al margen de la ley”.

Suena familiar.

Y ya que parece una historia que se repite cada vez que el uribismo está en el poder, miremos unos documentos hasta ahora inéditos de este asesinato para ver sus actores principales y el modus operandi.

El Auto 00650549-4 de la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) tiene el radicado P769-2005. Gracias a este radicado se inició una supuesta indagación preliminar para determinar si funcionarios de la seccional del DAS en el departamento del Atlántico habrían participado en el crimen del profesor Freytter Romero. (Ver P769-2005).

El documento dice que Eduardo Rafael Rodríguez, entonces jefe de la oficina jurídica del DAS, recibió una comunicación de la Cancillería sobre el caso Freytter: “De acuerdo con solicitud presentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que requiere que se tomen acciones pertinentes con relación a los casos llevados ante la Convención Interamericana de Derechos Humanos y que se coadyuven a satisfacer las exigencias de esta”. (Ver Averiguación de responsabilidades).

Según la denuncia, desde el año 1998 estaba operando un grupo clandestino denominado “Red Cóndor” en el departamento del Atlántico que trabajaba en conjunto con los paramilitares y que pertenecía a las instituciones de inteligencia del Gaula, el DAS y el Ejército.

Estas unidades de inteligencia mantenían bajo labores de penetración y espionaje a diferentes profesores, estudiantes y trabajadores de la Universidad del Atlántico.

Todo para prevenir la supuesta mala educación.

Exparamilitares del Frente José Pablo Díaz han reconocido que, con el consentimiento de las directivas, ingresaron a la universidad a través de un paramilitar infiltrado. Incluso, Carlos Romero Cuartas, alias Montería, aseguró que alguien en un cargo tan alto en la institución como el exrector Ubaldo Enrique Meza les suministró los nombres de algunas de sus víctimas.

Meza por supuesto ha desmentido esta versión asegurando que se trata de una venganza.

Pues bien, el 23 de febrero de 2001 ocurrió el homicidio del profesor Lisandro Vargas, quien venía haciendo una crítica a las irregularidades administrativas y especialmente reclamaba los dineros que se habían destinado para mejorar el laboratorio de física y que nunca se ejecutaron.

Inaudito.

El 28 de agosto de ese mismo año, hombres armados capturaron a Freytter Romero y todos ya sabemos que su cuerpo apareció muerto al día siguiente con evidencias de tortura. Las lecciones de su homicidio todavía están por aprenderse.

Los exagentes del Estado que fueron los perpetradores del crimen del profesor Freytter son Flower Arngency Torres y Germán Antonio Sáenz, y hoy se encuentran prófugos de la justicia. Sobre Torres la Fiscalía tiene conocimiento de que está operando con el Clan del Golfo mientras que se desconoce el paradero de Sáenz. (Ver Radicado 1096).

Por esta razón, el hijo del profesor Freytter Romero, Jorge Freytter-Florian, tuvo que exiliarse en el País Vasco desde donde ha trabajado sin descanso para sacar de la impunidad el magnicidio de su padre.

Pues en este delito, como en otros de la época, está probada la relación escabrosa que existió entre los organismos de inteligencia de los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez y los paramilitares. (Ver Cátedra).

Esto, porque la relación entre los profesores y el expresidente Uribe Vélez siempre ha sido conflictiva ya que, para el ahora senador, estos representan un riesgo en sus posturas ideológicas. La persecución, el ataque y el hostigamiento a los maestros y académicos con posturas distintas a las del uribismo están documentados gracias a las carpetas encontradas en las instalaciones del G3 del DAS.

Como se ha dicho antes en esta columna, en una de esas carpetas se encuentra el documento 0033, que es la hoja de identificación del docente Alfredo Rafael Francisco Correa de Andréis como objeto de espionaje y seguimientos ilegales. Ya vamos para 16 años de su horrible homicidio.

En esas carpetas también existía información sobre otros docentes y supuestos enemigos del Gobierno como el profesor Freytter Romero, con documentos que prueban, por ejemplo, que tan solo una semana antes de ser asesinado este maestro había sido detenido por autoridades del Estado con el fin de sacar información y hostigar.

Escalofriante. Sobre todo, porque no se puede permitir que este asesinato termine en el olvido ni en la impunidad y hay que hacer todo para llegar al final de este doloroso episodio donde la autoridad se confabuló con los paramilitares. La Justicia Especial para la Paz tiene la palabra.

La justicia contra el asesinato de líderes sociales

   SORAYA GUTIÉRREZ ARGÜELLO -
SORAYA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Dos casos con decisiones importantes en los últimos días contrastan con más de 20 asesinatos en lo que va del año.

La semana pasada se conoció el fallo contra un integrante de los paramilitares (Autodefensas Campesinas del Casanare) por el asesinato del líder sindical Jorge Darío Hoyos Franco, ocurrido hace casi 19 años, el 3 de marzo de 2001. A Jorge Darío lo mataron en Fusagasugá por su labor a favor de los trabajadores. Había sido amenazado de tiempo atrás y nadie movió un dedo para impedir su asesinato. Este fallo es importante, no sólo porque es un paso más para avanzar en contra de la reinante impunidad que caracteriza este tipo de crímenes, sino porque reconoce la existencia de una doctrina militar que ha estigmatizado y encasillado a los líderes sociales como enemigos internos.

Precisamente el crimen cometido contra Jorge Darío resulta relevante para comprender cómo agentes del Estado y grupos paramilitares se han articulado y realizado acciones conjuntas, que tenían como objetivo anular la diferencia.

Casi cuatro meses después, en ese nefasto año 2001, entre Barranquilla y Ciénaga (Magdalena), los paramilitares, coordinados con miembros del Gaula de la Policía y el Ejército, torturaron, desaparecieron y asesinaron al profesor y sindicalista Jorge Adolfo Freytter Romero, defensor de los docentes y de los pensionados de la Universidad del Atlántico. La semana pasada la Fiscalía declaró este crimen como delito de lesa humanidad, pues estos hechos obedecieron a un plan sistemático y generalizado en contra de la comunidad universitaria que alzó la voz de denuncia contra la corrupción y las violaciones a derechos humanos.

Estos son tan solo dos casos que en materia de violencia antisindical han avanzado un poco. Lo cierto es que la mayoría de estos asesinatos presentan características de poca o nula actividad judicial, beneficiando a victimarios intelectuales y materiales, en una sistemática estrategia que hoy se amplía en contra líderes sociales y de organizaciones sociales.

La historia de nuevo se repite, como en los tiempos de Jorge Darío Hoyos y de Jorge Adolfo Freytter: el Estado no ha hecho lo suficiente para impedir la pérdida de vidas de liderazgos sociales y, en cambio, le ha abierto el espacio a grupos armados ilegales y a los agentes del Estado para imponer su ley en el territorio nacional.

Los grupos paramilitares han actuado a sus anchas desde hace varias décadas y, como lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muchas veces en connivencia con miembros de la fuerza pública.

Como está ocurriendo hoy, los paramilitares, apoyados por miembros de las fuerzas militares, de policía y por empresarios regionales, habían emprendido una persecución contra líderes de izquierda, representantes de la oposición, indígenas, y defensores derechos humanos. Tal como hace dos décadas, el Estado está inmóvil, cómplice o, como bien lo caracterizó Hannah Arendt en su libro ‘Eichmann en Jerusalén’, presenciamos un gobierno gestor de la banalización del mal, renegado del acuerdo de paz, sofocante de la Comisión de la Verdad y la JEP, beneficiario en todo caso de una violencia estructural que parece no tener fin.

Las decisiones en los casos de los líderes sociales Jorge Darío Hoyos y Jorge Freytter no son suficientes. Falta mucho por conocer y mucho por hacer para impedir que continúe el genocidio de excombatientes de las Farc y de líderes y lideresas sociales. Queda claro que al Gobierno poco o nada le interesa combatir el paramilitarismo y menos admitir que hay complicidad de miembros de las Fuerzas Armadas y de empresarios.

#ATENCION -Declaran de lesa humanidad homicidio de profesor Freytter Romero.

   EL TIEMPO
Fue asesinado y torturado el 28 de agosto de 2001, entre Barranquilla y Ciénaga, Magdalena.
Fue asesinado y torturado el 28 de agosto de 2001, entre Barranquilla y Ciénaga, Magdalena. Una fiscalía especializada contra las violaciones a los derechos humanos declaró como delito de lesa humanidad el homicidio de Jorge Adolfo Freytter Romero, profesor de la Universidad del Atlántico, ocurrido el 28 de agosto del 2001. La decisión se tomó en respuesta a la solicitud de la parte civil del proceso, que argumentó que la tortura y asesinato no fueron hechos aislados, sino que fueron comunes «a las agresiones constantes sufridas por miembros de las universidades públicas de Colombia». A la Universidad del Atlántico ingresaron paramilitares haca 1998, con el asesinato del profesor Raúl Peña y la desaparición y homicidio del estudiante Alexander Acuña. También fueron asesinados los estudiantes Reynaldo Serna y Humberto Contreras, quienes eran líderes universitarios y fueron perseguidos desde el Estado, pues antes de sus asesinatos se les abrieron procesos por rebelión. Freytter Romero fue activista docente. Una semana antes de ser asesinado, fue detenido por miembros de la Sijín, además contra él se hicieron seguimientos que llevaron a su asesinato. En su análisis, la Fiscalía consideró que «la existencia de una política contra una determinada comunidad (como la Universidad del Atlántico), el establecimiento de instituciones (o la toma de las mismas) para implementar dicha política, el hecho de que se involucren políticos, directivos o militares de alto rango», entre otros factores como la repetición de la violencia contra la población civil, puedes demostrar que casos como el de Freytter Romero fueron generalizados y sistemáticos. La declaración del homicidio como de lesa humanidad lo convierte en imprescriptible, es decir, que no importa cuánto tiempo pase, seguirá siendo investigado hasta que se imparta justicia. En el caso se ha logrado determinar que el homicidio se cometió en razón a la defensa de Freytter Romero de los derechos de los pensionados de la Universidad del Atlántico. Además, que «participaron de manera conjunta miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, quienes ya aceptaron su responsabilidad, junto con miembros de la fuerza pública, que en su momento integraban el Gaula de la ciudad de Barranquilla«. Además, la Fiscalía hace un recuento de más de seis casos de miembros de esa universidad asesinados por «grupos ilegales de extrema derecha» que irrumpieron en la administración de la Universidad. Entre las víctimas también está el profesor Alfredo Correa de Andreis, por cuyo homicidio el Estado tuvo que pedir perdón el año pasado. En todos los casos, ocurridos entre 1997 y 2006, se dio una repetición de actos como falsas denuncias, persecuciones penales y homicidio contra los miembros de la comunidad universitaria. Dice la Fiscalía que además fue un ataque generalizado y sistemático en el que se cometieron actos inhumanos como la tortura y que tuvo un móvil discriminatorio, en el caso de Freytter, con una motivación política.  

En busca de una brecha que recupere la justicia universal

   J. J. GÁLVEZ / El País.
Jorge Freytter-Florián muestra en Bilbao la denuncia que presentó en octubre en la Audiencia Nacional. FERNANDO DOMINGO-ALDAMA

Varias víctimas de crímenes tratan de encontrar un resquicio que revierta los recortes del Gobierno de Rajoy mientras el bloqueo político frena el pacto para reactivar esta legislación.

Jorge Freytter-Florián es consciente de que lucha contra el tiempo. Hace ya más de 18 años que su padre, sindicalista y profesor universitario colombiano, fue secuestrado y asesinado en Barranquilla por paramilitares en una «arremetida» contra «activistas y defensores de derechos humanos» que causó decenas de muertos. «Iba a casa cuando le detuvieron varias personas que viajaban en una furgoneta. Lo llevaron a una bodega sin ventilación, donde permaneció esposado durante horas. Hasta que fue torturado y ejecutado mediante asfixia», relata la denuncia que este nacionalizado español, y residente en el País Vasco desde hace más de una década, presentó en la Audiencia Nacional con el objetivo de que se declare el caso, «cercano a la prescripción» en el país sudamericano, como un crimen de lesa humanidad y se asuma la investigación.

Este bilbaíno de adopción encabeza así un nuevo intento de reactivar la justicia universal, sumándose a otros afectados que aún mantienen la batalla en los tribunales para hallar el resquicio que les permita revertir la restricción aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014. Ese año, el PP impuso su mayoría absoluta y desactivó las causas en los juzgados. Desde entonces, no ha habido manera de reiniciarlas. Ni siquiera, pese a que los dos grandes partidos pactaron recuperar parte de la legislación anulada en octubre de 2018, después de que la formación liderada por Pablo Casado rectificase. Más que nada, porque el bloqueo político ha paralizado esas intenciones.

Además, el pasado diciembre, solo unas semanas después de ese acuerdo político, el Tribunal Constitucional también avaló los recortes del Ejecutivo popular y, en unos meses, ha tumbando las causas que le iban llegando. Como la impulsada por la familia de José Couso, el reportero que murió el 8 de abril de 2003 tras el impacto contra el hotel Palestina (Bagdad, Irak) de un misil del Ejército estadounidense, que tras el revés del Constitucional se centra ahora en un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo para encontrar esa brecha que reabra la puerta a la justicia universal.

«Lo que vamos a plantear es que la actual legislación española sobre jurisdicción universal contraviene el Convenio Europeo de Derechos Humanos en su vertiente del derecho fundamental de acceso a la Justicia», adelanta Eduardo Gómez Cuadrado, abogado de la familia Couso.

Nuevos argumentos

Freytter-Florián, que califica la muerte de su padre como un crimen «político», también busca un resquicio legal. Y, según señala su letrado, Daniel Amelang, la denuncia trata de encontrarlo exponiendo la tesis de Manuel Ollé Sesé, profesor de Derecho Internacional en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). «Desde la óptica de nuestro derecho existe una obligación, derivada precisamente de los tratados internaciones, de investigar y perseguir delitos de lesa humanidad, que obligarían a nuestros tribunales a impedir la impunidad de estos delitos», subraya el escrito presentado en la Audiencia Nacional, donde se añade: «En el presente caso, es la ausencia de acción penal en los tribunales colombianos lo que motiva la petición de amparo ante los tribunales españoles».

«Consideramos que en el Estado español, por razón de nacionalidad y actual lugar de residencia de Jorge, es donde tiene que tomarse en consideración este asunto», prosigue Amelang, consciente de las dificultades que implica torcer el brazo de la jurisprudencia. «Con esta doctrina de Ollé, esperamos que al menos se inicie una investigación. No conozco ninguna querella donde se hayan utilizado unos argumentos similares», añade el abogado.

A la espera de que la Audiencia responda si admite a trámite la denuncia, Freytter mantiene la esperanza de encontrar a los responsables del asesinato de su padre: en Colombia solo se condenó a una persona y «las autorías intelectuales continúan por ser esclarecidas, además de que todavía hay dos autores materiales en paradero desconocido». No sabe si esta nueva vía le abrirá la puerta. O si lo hará el desbloqueo político. De momento, ese recorte de 2014 «lo que está suponiendo es que muchas familias queden desamparadas ante crímenes cometidos contra sus seres queridos», sentencia Gómez Cuadrado.

Cuando la violencia paramilitar se ensañó con el Atlántico

   Germán Gómez Polo – Twitter: @TresEnMil – ggomezp@elespectador.com

En plena Semana de la Memoria de la Universidad del Atlántico, El Espectador revela apartes de un extenso testimonio que dejó el condenado exparamilitar Carlos Arturo Romero Cuartas, alias «Montería», sobre los estragos que causó el Bloque Norte especialmente en Barranquilla.

Carlos Arturo Romero Cuartas, alias Montería, dice que fue reclutado en Atlántico cuando tenía 24 años, por Carlos Rodolfo Campo Ortiz, alias Moncho, quien fungía en esa época como el comandante militar en ese departamento de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En 1999 llegó el frente José Pablo Díaz (que en ese tiempo no tenía nombre aún), fue“patrullero urbano” en Barranquilla, luego comandante militar en Ciénaga (Magdalena) y, posteriormente, segundo comandante militar en Sabanalarga (Atlántico) para, finalmente, regresar a los comandos en Barranquilla.

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Presentan ante la JEP informe de asesinatos en la Universidad del Magdalena

   Opinión Caribe
Se conoció que la Justicia Especial para la Paz (JEP) recibió este martes un informe en el que se documentan 140 casos de asesinatos o desapariciones forzadas de estudiantes de universidades públicas, sindicalistas, trabajadores y profesores durante el conflicto armado colombiano. El documento, titulado «Universidades Públicas Bajo SOSpecha. Represión estatal a estudiantes, profesorado y sindicalistas en Colombia (2000-2019)», se elaboró en colaboración con un grupo de maestros de las universidades Nacional, Pedagógica y Distrital de Bogotá, detalló en un comunicado la asociación española Jorge Adolfo Freytter Romero. En el texto se destacan tres asesinatos ocurridos en la Universidad del Magdalena, donde perdieron la vida el estudiante Hugo Elías Maduro, cometido el 28 de mayo de 2000; el vicerrector Julio Otero, asesinado el 14 de mayo de 2001 y el decano de Educación de la misma universidad, Roque Morelli, perpetrado el día 5 de septiembre de 2002. El objetivo del informe es poner el foco «algunas de las consecuencias que el Estado y el paramilitarismo han generado con la sistemática vulneración de Derechos Humanos contra estudiantes, profesores/as, sindicalistas y trabajadores/as de las universidades públicas colombianas en el siglo XXI», según los autores.