Colombia

Contra los montajes judiciales en las universidades colombianas

  
 

Contra los montajes judiciales en las universidades colombianas

 

País Vasco, marzo de 2020

Mediante este texto expresamos nuestra preocupación ante la denuncia pública que han realizado los docentes Rosembert Ariza, Miguel Ángel Beltrán y Nubia Ruiz (adscritos al departamento de Sociología de la Universidad Nacional) y Renán Vega, docente de la Universidad Pedagógica Nacional, que manifiestan estar siendo víctimas de un posible montaje judicial, que cuenta con acciones previas de hostigamiento y persecución tanto a ellos como a sus familias.

En los últimos años, observadores internacionales, entidades sociales y profesores universitarios hemos podido constatar la persecución al pensamiento crítico en el interior de las universidades públicas colombianas. Esta persecución se ha caracterizado por ejercerse de diferentes formas (brutalidad policial, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales…) y por llevarse a cabo de manera sistemática, tal y como muestra el trabajo de investigación “Universidades Públicas bajo S.O.S.pecha: represión estatal a estudiantes, profesorado y sindicalistas en Colombia (2000-2019)”, en el que participan algunos de los profesores citados y otros a nivel internacional y que documenta 140 casos de víctimas de represión estatal en los últimos veinte años.

Los montajes judiciales han sido, precisamente, una práctica repetida contra estudiantes y profesores y se han llevado a cabo a través de diferentes tácticas, como la asociación falsa de documentos, los procesamientos sin garantías, la dilación de los juicios, los encarcelamientos injustos y la mancha del buen nombre de las víctimas.

En esta ocasión, los profesores denuncian que el pasado 27 de enero de 2020 llegó a la oficina de Rosembert Ariza (ubicada en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá) un paquete sellado, en el que se remitía un escrito de 21 páginas, con el emblema del Movimiento Revolucionario del Pueblo [MRP] y firmado por Remedios La Bella, militante del MRP. Al final del mismo aparecen los nombres de los profesores, como si ellos fuesen los redactores y, por tanto, ideólogos y militantes del MRP.

Los abajo firmantes expresamos nuestra solidaridad ante la persecución y violencia que están sufriendo Rosembert Ariza, Miguel Ángel Beltrán, Nubia Ruiz, Renán Vega y sus familias y consideramos que su labor es fundamental en el ámbito académico y social, tanto por sus investigaciones independientes como por sus cuestionamientos críticos. Así mismo, mediante este escrito, apelamos a diversas instituciones y organismos internacionales a velar por los derechos de estos académicos.

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Testu honen bidez, adierazi egin nahi dugu oso kezkatuta gaudela Unibertsitate Nazionaleko Soziologia Saileko Rosembert Ariza, Miguel Ángel Beltrán eta Nubia Ruiz irakasleek eta Unibertsitate Pedagogiko Nazionaleko Renán Vega irakasleak egin duten salaketa publikoagatik. Izan ere, euren esanetan, ustezko amarru judizialaren biktimak dira, eta, bertan, eurek zein euren familiek esespenerako eta jazarpenerako aurretiazko ekintzak jasan dituzte.

Azken urteotan, nazioarteko behatzaile, gizarte-erakunde eta unibertsitateko irakasleok egiaztatu egin ahal izan dugu pentsamendu kritikoa jazartzen dela Kolonbiako unibertsitate publikoetan. Jazarpen hori zenbait eratara egiten da (poliziaren zakarkeria, desagerpen behartua, judizioz kanpoko exekuzioak…), eta modu sistematikoan garatzen da, honako ikerlan honetan azaltzen den bezala: “Unibertsitate publiko susmagarriak: Kolonbiako ikasle, irakasle eta sindikalisten aurkako zapalkuntza estatala (2000-2019)”. Bertan, aipatutako irakasle batzuek eta nazioarteko beste batzuek parte hartzen dute, eta azken hogei urteotako zapalkuntza estataleko biktimen 140 kasu dokumentatzen dira.

Amarru judizialak, hain zuzen ere, ikasle zein irakasleen aurka behin eta berriro garatutako jarduketa izan dira, eta zenbait taktikaren bidez egin dira; esate baterako, agiriak modu faltsuan atxikitzea, bermerik gabe auzipetzea, epaiketak luzatzea, bidegabe espetxeratzea eta biktimen izen ona zikintzea.

Oraingoan, irakasleek salatu egin dute 2020ko urtarrilaren 27an pakete zigilatua iritsi zela Rosembert Arizaren bulegora (Kolonbiako Unibertsitate Nazionalak Bogotan daukan egoitzan dago kokatuta). Bertan, 21 orrialdeko idazkia bidaltzen zen. Herriaren Mugimendu Iraultzailearen [MRP] ikurra zeraman, eta MRPko militantea den Remedios La Bellak sinatzen zuen. Idazki horren amaieran, irakasleen izenak agertzen dira, haiek idatzi izan balute bezala eta, horren ondorioz, MRPko ideologoak zein militanteak izango balira bezala.

Beheko aldean sinatzen dugunok geure elkartasuna adierazten diegu Rosembert Arizari, Miguel Ángel Beltráni, Nubia Ruizi, Renán Vegari eta haien familiei, jasaten dituzten jazarpenagatik eta indarkeriagatik. Gainera, gure ustez, haien lana funtsezkoa da arlo akademikoan nahiz sozialean, ikerketa independenteak eta eztabaida kritikoak egiten dituztelako. Era berean, idazki honen bitartez, nazioarteko zenbait instituzio eta erakunderi eskatu nahi diegu akademiko horien eskubideak babestu ditzatela.

Profesorado firmantes:

María Ruiz Aranguren Profesora en la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea.

Alexander Ugalde Zubiri Profesor en la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea

 Antxoka Agirre Maiora Profesor en la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea

 Xabier Albizu Landa Profesor en la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea

Luismi Uharte Pozas Profesor en la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea

Iratxe Perea Ozerin Profesora en la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea

 Juan Hernández Zubizarreta Profesor en la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea

ORGANIZACIONES:

Jorge Adolfo Freytter Romero Elkartea (AJAFR)

Ezker Anitza-IU

Cear-Euskadi

Mugarik Gabe

Mundu Bat

Parekide Elkartea

Ezker Anitza-IU

Giltza elkartearena

PCE-EPK.

Euskadi – Kuba Elkartea

Salvador González Santiago, Miembro de la Asociación Euskadi Cuba

José Manzaneda – Cubainformación

Komite Internazionalistak

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En busca de una brecha que recupere la justicia universal

   J. J. GÁLVEZ / El País.
Jorge Freytter-Florián muestra en Bilbao la denuncia que presentó en octubre en la Audiencia Nacional. FERNANDO DOMINGO-ALDAMA

Varias víctimas de crímenes tratan de encontrar un resquicio que revierta los recortes del Gobierno de Rajoy mientras el bloqueo político frena el pacto para reactivar esta legislación.

Jorge Freytter-Florián es consciente de que lucha contra el tiempo. Hace ya más de 18 años que su padre, sindicalista y profesor universitario colombiano, fue secuestrado y asesinado en Barranquilla por paramilitares en una «arremetida» contra «activistas y defensores de derechos humanos» que causó decenas de muertos. «Iba a casa cuando le detuvieron varias personas que viajaban en una furgoneta. Lo llevaron a una bodega sin ventilación, donde permaneció esposado durante horas. Hasta que fue torturado y ejecutado mediante asfixia», relata la denuncia que este nacionalizado español, y residente en el País Vasco desde hace más de una década, presentó en la Audiencia Nacional con el objetivo de que se declare el caso, «cercano a la prescripción» en el país sudamericano, como un crimen de lesa humanidad y se asuma la investigación.

Este bilbaíno de adopción encabeza así un nuevo intento de reactivar la justicia universal, sumándose a otros afectados que aún mantienen la batalla en los tribunales para hallar el resquicio que les permita revertir la restricción aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2014. Ese año, el PP impuso su mayoría absoluta y desactivó las causas en los juzgados. Desde entonces, no ha habido manera de reiniciarlas. Ni siquiera, pese a que los dos grandes partidos pactaron recuperar parte de la legislación anulada en octubre de 2018, después de que la formación liderada por Pablo Casado rectificase. Más que nada, porque el bloqueo político ha paralizado esas intenciones.

Además, el pasado diciembre, solo unas semanas después de ese acuerdo político, el Tribunal Constitucional también avaló los recortes del Ejecutivo popular y, en unos meses, ha tumbando las causas que le iban llegando. Como la impulsada por la familia de José Couso, el reportero que murió el 8 de abril de 2003 tras el impacto contra el hotel Palestina (Bagdad, Irak) de un misil del Ejército estadounidense, que tras el revés del Constitucional se centra ahora en un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo para encontrar esa brecha que reabra la puerta a la justicia universal.

«Lo que vamos a plantear es que la actual legislación española sobre jurisdicción universal contraviene el Convenio Europeo de Derechos Humanos en su vertiente del derecho fundamental de acceso a la Justicia», adelanta Eduardo Gómez Cuadrado, abogado de la familia Couso.

Nuevos argumentos

Freytter-Florián, que califica la muerte de su padre como un crimen «político», también busca un resquicio legal. Y, según señala su letrado, Daniel Amelang, la denuncia trata de encontrarlo exponiendo la tesis de Manuel Ollé Sesé, profesor de Derecho Internacional en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). «Desde la óptica de nuestro derecho existe una obligación, derivada precisamente de los tratados internaciones, de investigar y perseguir delitos de lesa humanidad, que obligarían a nuestros tribunales a impedir la impunidad de estos delitos», subraya el escrito presentado en la Audiencia Nacional, donde se añade: «En el presente caso, es la ausencia de acción penal en los tribunales colombianos lo que motiva la petición de amparo ante los tribunales españoles».

«Consideramos que en el Estado español, por razón de nacionalidad y actual lugar de residencia de Jorge, es donde tiene que tomarse en consideración este asunto», prosigue Amelang, consciente de las dificultades que implica torcer el brazo de la jurisprudencia. «Con esta doctrina de Ollé, esperamos que al menos se inicie una investigación. No conozco ninguna querella donde se hayan utilizado unos argumentos similares», añade el abogado.

A la espera de que la Audiencia responda si admite a trámite la denuncia, Freytter mantiene la esperanza de encontrar a los responsables del asesinato de su padre: en Colombia solo se condenó a una persona y «las autorías intelectuales continúan por ser esclarecidas, además de que todavía hay dos autores materiales en paradero desconocido». No sabe si esta nueva vía le abrirá la puerta. O si lo hará el desbloqueo político. De momento, ese recorte de 2014 «lo que está suponiendo es que muchas familias queden desamparadas ante crímenes cometidos contra sus seres queridos», sentencia Gómez Cuadrado.