La justicia contra el asesinato de líderes sociales

   SORAYA GUTIÉRREZ ARGÜELLO -
SORAYA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Dos casos con decisiones importantes en los últimos días contrastan con más de 20 asesinatos en lo que va del año.

La semana pasada se conoció el fallo contra un integrante de los paramilitares (Autodefensas Campesinas del Casanare) por el asesinato del líder sindical Jorge Darío Hoyos Franco, ocurrido hace casi 19 años, el 3 de marzo de 2001. A Jorge Darío lo mataron en Fusagasugá por su labor a favor de los trabajadores. Había sido amenazado de tiempo atrás y nadie movió un dedo para impedir su asesinato. Este fallo es importante, no sólo porque es un paso más para avanzar en contra de la reinante impunidad que caracteriza este tipo de crímenes, sino porque reconoce la existencia de una doctrina militar que ha estigmatizado y encasillado a los líderes sociales como enemigos internos.

Precisamente el crimen cometido contra Jorge Darío resulta relevante para comprender cómo agentes del Estado y grupos paramilitares se han articulado y realizado acciones conjuntas, que tenían como objetivo anular la diferencia.

Casi cuatro meses después, en ese nefasto año 2001, entre Barranquilla y Ciénaga (Magdalena), los paramilitares, coordinados con miembros del Gaula de la Policía y el Ejército, torturaron, desaparecieron y asesinaron al profesor y sindicalista Jorge Adolfo Freytter Romero, defensor de los docentes y de los pensionados de la Universidad del Atlántico. La semana pasada la Fiscalía declaró este crimen como delito de lesa humanidad, pues estos hechos obedecieron a un plan sistemático y generalizado en contra de la comunidad universitaria que alzó la voz de denuncia contra la corrupción y las violaciones a derechos humanos.

Estos son tan solo dos casos que en materia de violencia antisindical han avanzado un poco. Lo cierto es que la mayoría de estos asesinatos presentan características de poca o nula actividad judicial, beneficiando a victimarios intelectuales y materiales, en una sistemática estrategia que hoy se amplía en contra líderes sociales y de organizaciones sociales.

La historia de nuevo se repite, como en los tiempos de Jorge Darío Hoyos y de Jorge Adolfo Freytter: el Estado no ha hecho lo suficiente para impedir la pérdida de vidas de liderazgos sociales y, en cambio, le ha abierto el espacio a grupos armados ilegales y a los agentes del Estado para imponer su ley en el territorio nacional.

Los grupos paramilitares han actuado a sus anchas desde hace varias décadas y, como lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, muchas veces en connivencia con miembros de la fuerza pública.

Como está ocurriendo hoy, los paramilitares, apoyados por miembros de las fuerzas militares, de policía y por empresarios regionales, habían emprendido una persecución contra líderes de izquierda, representantes de la oposición, indígenas, y defensores derechos humanos. Tal como hace dos décadas, el Estado está inmóvil, cómplice o, como bien lo caracterizó Hannah Arendt en su libro ‘Eichmann en Jerusalén’, presenciamos un gobierno gestor de la banalización del mal, renegado del acuerdo de paz, sofocante de la Comisión de la Verdad y la JEP, beneficiario en todo caso de una violencia estructural que parece no tener fin.

Las decisiones en los casos de los líderes sociales Jorge Darío Hoyos y Jorge Freytter no son suficientes. Falta mucho por conocer y mucho por hacer para impedir que continúe el genocidio de excombatientes de las Farc y de líderes y lideresas sociales. Queda claro que al Gobierno poco o nada le interesa combatir el paramilitarismo y menos admitir que hay complicidad de miembros de las Fuerzas Armadas y de empresarios.