Lecciones de un homicidio

   Yohir Akerman

El pasado 14 de enero la Fiscalía 76 de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos declaró como delito de lesa humanidad el homicidio de Jorge Adolfo Freytter Romero, profesor de la Universidad del Atlántico, ocurrido entre el 28 y 29 de agosto de 2001.

La noticia pasó casi desapercibida, pero es muy importante ya que la decisión del fiscal Óscar Fabián Rodríguez Lizarazo implica, entre otras cosas, que la acción penal no prescribe y que la investigación continúa.

Recordemos, ya que recordar es vivir.

Cerca de las 12 del día del 28 de agosto de 2001, el profesor Freytter fue retenido al llegar a su casa en Barranquilla por un grupo de hombres fuertemente armados.

En medio del miedo y la confusión fue golpeado e introducido de forma violenta en una camioneta Toyota Hilux, que lo trasladó a una bodega desocupada por la zona de Ciénaga, Magdalena. Esposado y deshidratado por el calor de la región, la víctima fue sometida por más de 24 horas a actos de humillación y tortura, que finalmente terminaron en su muerte el 29 de agosto a causa de asfixia provocada por una bolsa de plástico en su cabeza. (Ver Contexto).

Jorge Freytter fue profesor de la Universidad del Atlántico por aproximadamente 20 años, tiempo durante el cual habría participado activamente en distintas actividades de carácter sindical.

Como líder sindical, Freytter buscaba impedir que los dineros de las pensiones atrasadas fueran a terminar en las arcas de las campañas de los políticos que tenían pactos con los paramilitares de la región.

De acuerdo con la resolución dada a conocer el pasado 14 de enero, “se logró demostrar que no se trataba de un hecho aislado, sino que el homicidio del profesor Freytter fue uno más de un plan sistemático en contra de aquellos miembros que ejercían su voz en contra de la apropiación de la alma mater por fuerzas ajenas a la misma, que, inclusive, se asociaron con grupos al margen de la ley”.

Suena familiar.

Y ya que parece una historia que se repite cada vez que el uribismo está en el poder, miremos unos documentos hasta ahora inéditos de este asesinato para ver sus actores principales y el modus operandi.

El Auto 00650549-4 de la Oficina de Control Disciplinario Interno del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) tiene el radicado P769-2005. Gracias a este radicado se inició una supuesta indagación preliminar para determinar si funcionarios de la seccional del DAS en el departamento del Atlántico habrían participado en el crimen del profesor Freytter Romero. (Ver P769-2005).

El documento dice que Eduardo Rafael Rodríguez, entonces jefe de la oficina jurídica del DAS, recibió una comunicación de la Cancillería sobre el caso Freytter: “De acuerdo con solicitud presentada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que requiere que se tomen acciones pertinentes con relación a los casos llevados ante la Convención Interamericana de Derechos Humanos y que se coadyuven a satisfacer las exigencias de esta”. (Ver Averiguación de responsabilidades).

Según la denuncia, desde el año 1998 estaba operando un grupo clandestino denominado “Red Cóndor” en el departamento del Atlántico que trabajaba en conjunto con los paramilitares y que pertenecía a las instituciones de inteligencia del Gaula, el DAS y el Ejército.

Estas unidades de inteligencia mantenían bajo labores de penetración y espionaje a diferentes profesores, estudiantes y trabajadores de la Universidad del Atlántico.

Todo para prevenir la supuesta mala educación.

Exparamilitares del Frente José Pablo Díaz han reconocido que, con el consentimiento de las directivas, ingresaron a la universidad a través de un paramilitar infiltrado. Incluso, Carlos Romero Cuartas, alias Montería, aseguró que alguien en un cargo tan alto en la institución como el exrector Ubaldo Enrique Meza les suministró los nombres de algunas de sus víctimas.

Meza por supuesto ha desmentido esta versión asegurando que se trata de una venganza.

Pues bien, el 23 de febrero de 2001 ocurrió el homicidio del profesor Lisandro Vargas, quien venía haciendo una crítica a las irregularidades administrativas y especialmente reclamaba los dineros que se habían destinado para mejorar el laboratorio de física y que nunca se ejecutaron.

Inaudito.

El 28 de agosto de ese mismo año, hombres armados capturaron a Freytter Romero y todos ya sabemos que su cuerpo apareció muerto al día siguiente con evidencias de tortura. Las lecciones de su homicidio todavía están por aprenderse.

Los exagentes del Estado que fueron los perpetradores del crimen del profesor Freytter son Flower Arngency Torres y Germán Antonio Sáenz, y hoy se encuentran prófugos de la justicia. Sobre Torres la Fiscalía tiene conocimiento de que está operando con el Clan del Golfo mientras que se desconoce el paradero de Sáenz. (Ver Radicado 1096).

Por esta razón, el hijo del profesor Freytter Romero, Jorge Freytter-Florian, tuvo que exiliarse en el País Vasco desde donde ha trabajado sin descanso para sacar de la impunidad el magnicidio de su padre.

Pues en este delito, como en otros de la época, está probada la relación escabrosa que existió entre los organismos de inteligencia de los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez y los paramilitares. (Ver Cátedra).

Esto, porque la relación entre los profesores y el expresidente Uribe Vélez siempre ha sido conflictiva ya que, para el ahora senador, estos representan un riesgo en sus posturas ideológicas. La persecución, el ataque y el hostigamiento a los maestros y académicos con posturas distintas a las del uribismo están documentados gracias a las carpetas encontradas en las instalaciones del G3 del DAS.

Como se ha dicho antes en esta columna, en una de esas carpetas se encuentra el documento 0033, que es la hoja de identificación del docente Alfredo Rafael Francisco Correa de Andréis como objeto de espionaje y seguimientos ilegales. Ya vamos para 16 años de su horrible homicidio.

En esas carpetas también existía información sobre otros docentes y supuestos enemigos del Gobierno como el profesor Freytter Romero, con documentos que prueban, por ejemplo, que tan solo una semana antes de ser asesinado este maestro había sido detenido por autoridades del Estado con el fin de sacar información y hostigar.

Escalofriante. Sobre todo, porque no se puede permitir que este asesinato termine en el olvido ni en la impunidad y hay que hacer todo para llegar al final de este doloroso episodio donde la autoridad se confabuló con los paramilitares. La Justicia Especial para la Paz tiene la palabra.