Informe Sobre Estrategias de Litigio de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos
con Jóvenes Activistas en las Protestas Sociales del 2021 en Colombia
El presente informe es el resultado de un proceso de sistematización de los casos de de- fensa, representación y asesoría realizados por la Fundación Lazos de Dignidad, a partir de vul- neraciones a los derechos humanos registrados en el marco del ejercicio del derecho a la pro- testa social en Colombia, durante el denomina- do Estallido Social del año 2021.
Entendiendo que estos hechos como pro- ducto de orientaciones y doctrinas que busca- ban deslegitimar el derecho a la protesta, en la primera parte hemos hecho el intento por describir el contexto del Estallido Social y sus más próximos antecedentes desde el año 2019, para ubicar posibles patrones de vulneraciones y diagnosticar el estado de las instituciones del Estado que, contrario a su mandato constitu- cional de proteger la vida, utilizar su fuerza y poder para reprimir, perseguir y judicializar a jóvenes activistas en varios departamentos del país.
En medio de los análisis realizados no sola- mente por la FLD, sino por varias organizacio- nes y organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Huma- nos, se determinó que las mujeres y personas con identidad y expresión de género diversas habían sufrido unas violencias diferenciadas, así como sucedió con personas pertenecientes a grupos étnicos, periodistas y personas defen- sores de Derechos Humanos. Tener un enfoque diferencial al analizar fenómenos como el que aquí se presenta permite tener herramientas más precisas para la exigibilidad de derechos y de medidas de protección por parte del Estado.
En la segunda parte nos concentramos en relatar las formas de persecución judicial de la que han sido víctimas algunos jóvenes por el sólo hecho de salir a manifestarse en las calles de Colombia. Todo esto impulsado por la Fis- calía General de la Nación, muchas veces en alianza con la Policía Nacional, y cuyo daño se agudiza si le sumamos la nefasta realidad car- celaria que atraviesa el país. Desde a FLD he- mos reconocido que quienes están siendo in- justamente judicializados por delito comunes a partir de su participación en protesta social son víctimas del Estado colombiano, quien faltando al debido proceso ha perjudicado sus vidas, las de sus familias y las de sus amigos y procesos comunitarios de base.
Entendiendo que estos hechos como pro- ducto de orientaciones y doctrinas que busca- ban deslegitimar el derecho a la protesta, en la primera parte hemos hecho el intento por describir el contexto del Estallido Social y sus más próximos antecedentes desde el año 2019, para ubicar posibles patrones de vulneraciones y diagnosticar el estado de las instituciones del Estado que, contrario a su mandato constitu- cional de proteger la vida, utilizar su fuerza y poder para reprimir, perseguir y judicializar a jóvenes activistas en varios departamentos del país.
En medio de los análisis realizados no sola- mente por la FLD, sino por varias organizacio- nes y organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Huma- nos, se determinó que las mujeres y personas con identidad y expresión de género diversas habían sufrido unas violencias diferenciadas, así como sucedió con personas pertenecientes a grupos étnicos, periodistas y personas defen- sores de Derechos Humanos. Tener un enfoque diferencial al analizar fenómenos como el que aquí se presenta permite tener herramientas más precisas para la exigibilidad de derechos y de medidas de protección por parte del Estado.
En la segunda parte nos concentramos en relatar las formas de persecución judicial de la que han sido víctimas algunos jóvenes por el sólo hecho de salir a manifestarse en las calles de Colombia. Todo esto impulsado por la Fis- calía General de la Nación, muchas veces en alianza con la Policía Nacional, y cuyo daño se agudiza si le sumamos la nefasta realidad car- celaria que atraviesa el país. Desde a FLD he- mos reconocido que quienes están siendo in- justamente judicializados por delito comunes a partir de su participación en protesta social son víctimas del Estado colombiano, quien faltando al debido proceso ha perjudicado sus vidas, las de sus familias y las de sus amigos y procesos comunitarios de base.
Además, aprovechamos esta oportunidad para seguir recordándole al mundo que, duran- te el Estallido Social del 2021, existió una clara intencionalidad de vulnerar las corporalidades y la dignidad de las personas que deciden pro- testar, causando daños irreparables, incluso hasta provocar su muerte. Y que la mayoría de estos crímenes siguen en la impunidad, y bajo el manto protector de un sistema penal militar que lo único que garantiza es el bienestar del victimario, mientras que a las víctimas se les si- gue considerado el enemigo.
