Elecciones presidenciales en Colombia - 2026
Garantías democráticas y observación electoral en la candidatura de Iván Cepeda Castro y Aida Quilcué
Desde la Asociación J.A. Freytter Elkartea, en el marco del derecho internacional y los estándares de observación electoral, manifestamos nuestra profunda preocupación ante las denuncias sobre posibles atentados contra candidatos y candidatas en el actual proceso electoral colombiano, incluyendo el candidato presidencial Iván Cepeda Castro.
El proceso electoral en Colombia se desarrolla en un contexto de violencia política, hostigamiento y estigmatización contra diversas candidaturas, entre ellas la fórmula Iván Cepeda – Aida Quilcué, lo que configura un riesgo real para la vida, la integridad personal y el ejercicio democrático. Este escenario responde a dinámicas estructurales vinculadas a sectores de poder económico y político que han incidido históricamente en la restricción de la participación política, así como a formas contemporáneas de mercenarismo corporativo transnacional, entendidas como articulaciones entre intereses económicos, políticos y dispositivos de seguridad privados que inciden en la disputa electoral, generando un clima de miedo, desconfianza y desasosiego que busca debilitar, desestabilizar y condicionar la campaña de las fuerzas populares y de izquierda.
Las informaciones sobre posibles planes de atentado —incluyendo alertas conocidas por instancias internacionales—, así como hechos de violencia contra espacios de campaña de distintas candidaturas, evidencian la gravedad del momento. La decisión de diversos candidatos y candidatas de continuar sus campañas y no ceder ante el terror refuerza la urgencia de garantizar condiciones efectivas de seguridad y participación.
En este contexto, advertimos igualmente la responsabilidad política de sectores de la oligarquía y de determinados conglomerados mediáticos, que mediante narrativas de estigmatización, desinformación y construcción de marcos de sospecha contribuyen a profundizar la polarización, debilitando las garantías democráticas y afectando particularmente a la candidatura de Iván Cepeda y Aida Quilcué.
Advertimos que cualquier atentado contra cualquier candidato o candidata constituiría una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos y una ruptura del orden democrático, comprometiendo la responsabilidad del Estado colombiano y de la comunidad internacional en su prevención.
Este contexto de alta conflictividad política, marcado por la persistencia de violencia electoral y limitaciones a la transparencia, genera preocupaciones fundadas sobre las garantías del proceso y la equidad en la contienda.
Valoramos el despliegue de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA); sin embargo, consideramos necesario un refuerzo urgente, ampliado y con enfoque de derechos humanos, especialmente frente a la violencia política y las garantías para todas las fuerzas políticas.
Hacemos un llamado a la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, así como a las instituciones del País Vasco —Gobierno Vasco, Parlamento Vasco y el Intergrupo de acompañamiento al proceso de paz en Colombia del Parlamento Vasco—, junto con la sociedad civil organizada, a reforzar y articular mecanismos de observación e incidencia internacional, con especial atención a la violencia política, los riesgos de atentados y las garantías del proceso electoral, incorporando un análisis contextual y territorial que evalúe las condiciones reales de participación y los factores de coerción que puedan distorsionar la voluntad popular.
La democracia en Colombia exige un proceso electoral sin violencia y con plenas garantías; cualquier intento de eliminar al adversario político mediante el terror constituye una grave amenaza que activa la responsabilidad de las autoridades nacionales e internacionales.
Reiteramos nuestra disposición a contribuir, desde el País Vasco, al acompañamiento internacional, la observación electoral y la defensa de los derechos humanos.
Desde la Asociación J.A. Freytter Elkartea, en el marco del derecho internacional y los estándares de observación electoral, manifestamos nuestra profunda preocupación ante las denuncias sobre posibles atentados contra candidatos y candidatas en el actual proceso electoral colombiano, incluyendo el candidato presidencial Iván Cepeda Castro.
El proceso electoral en Colombia se desarrolla en un contexto de violencia política, hostigamiento y estigmatización contra diversas candidaturas, entre ellas la fórmula Iván Cepeda – Aida Quilcué, lo que configura un riesgo real para la vida, la integridad personal y el ejercicio democrático. Este escenario responde a dinámicas estructurales vinculadas a sectores de poder económico y político que han incidido históricamente en la restricción de la participación política, así como a formas contemporáneas de mercenarismo corporativo transnacional, entendidas como articulaciones entre intereses económicos, políticos y dispositivos de seguridad privados que inciden en la disputa electoral, generando un clima de miedo, desconfianza y desasosiego que busca debilitar, desestabilizar y condicionar la campaña de las fuerzas populares y de izquierda.
Las informaciones sobre posibles planes de atentado —incluyendo alertas conocidas por instancias internacionales—, así como hechos de violencia contra espacios de campaña de distintas candidaturas, evidencian la gravedad del momento. La decisión de diversos candidatos y candidatas de continuar sus campañas y no ceder ante el terror refuerza la urgencia de garantizar condiciones efectivas de seguridad y participación.
En este contexto, advertimos igualmente la responsabilidad política de sectores de la oligarquía y de determinados conglomerados mediáticos, que mediante narrativas de estigmatización, desinformación y construcción de marcos de sospecha contribuyen a profundizar la polarización, debilitando las garantías democráticas y afectando particularmente a la candidatura de Iván Cepeda y Aida Quilcué.
Advertimos que cualquier atentado contra cualquier candidato o candidata constituiría una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos y una ruptura del orden democrático, comprometiendo la responsabilidad del Estado colombiano y de la comunidad internacional en su prevención.
Este contexto de alta conflictividad política, marcado por la persistencia de violencia electoral y limitaciones a la transparencia, genera preocupaciones fundadas sobre las garantías del proceso y la equidad en la contienda.
Valoramos el despliegue de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA); sin embargo, consideramos necesario un refuerzo urgente, ampliado y con enfoque de derechos humanos, especialmente frente a la violencia política y las garantías para todas las fuerzas políticas.
Hacemos un llamado a la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, así como a las instituciones del País Vasco —Gobierno Vasco, Parlamento Vasco y el Intergrupo de acompañamiento al proceso de paz en Colombia del Parlamento Vasco—, junto con la sociedad civil organizada, a reforzar y articular mecanismos de observación e incidencia internacional, con especial atención a la violencia política, los riesgos de atentados y las garantías del proceso electoral, incorporando un análisis contextual y territorial que evalúe las condiciones reales de participación y los factores de coerción que puedan distorsionar la voluntad popular.
La democracia en Colombia exige un proceso electoral sin violencia y con plenas garantías; cualquier intento de eliminar al adversario político mediante el terror constituye una grave amenaza que activa la responsabilidad de las autoridades nacionales e internacionales.
Reiteramos nuestra disposición a contribuir, desde el País Vasco, al acompañamiento internacional, la observación electoral y la defensa de los derechos humanos.
