Mauricio Andrés Pabón Lozano
Abogado reconocido por el Reino de España
Cursante del Máster en Derecho Ambiental
Universidad del País Vasco (EHU)


La experiencia de Haití puede leerse como un retrato hablado del caso colombiano y, al mismo tiempo, como una expresión de las contradicciones contemporáneas del orden internacional. El concepto de “retrato hablado” no pretende establecer una identidad absoluta entre realidades distintas; busca identificar rasgos compartidos: desigualdad histórica, vulnerabilidad climática, desplazamiento, migración y profundas asimetrías en la distribución de responsabilidades globales. Desde una mirada decolonial, Haití deja de ser únicamente un objeto de intervención o asistencia internacional para convertirse en una experiencia histórica que permite comprender críticamente las limitaciones del derecho internacional y las tensiones de la justicia climática.

Una de las mayores distorsiones del sistema internacional radica en que los países más contaminantes continúan sujetos a mecanismos voluntarios de cumplimiento, mientras las naciones que menos contaminan soportan obligaciones y consecuencias mucho más severas. Esta dualidad refleja un orden global profundamente caótico y asimétrico en la gestión de los acuerdos internacionales. Las Metas del Milenio, el Acuerdo de París, la Convención de Ginebra, el Acuerdo de Cartagena o el Protocolo de Nueva York han representado importantes esfuerzos jurídicos y políticos impulsados por estadistas y expertos internacionales; sin embargo, muchos de estos instrumentos han desembocado en frustraciones colectivas y expectativas incumplidas.

A ello se suma la proliferación de proyectos vacíos y diagnósticos financiados al mejor postor, convertidos en espectáculos burocráticos que terminan instrumentalizando el sufrimiento humano. Haití, las islas del Pacífico al borde de la desaparición, las regiones del Sahel en África Occidental, así como ciudades como Ámsterdam, Venecia e incluso Nueva York, evidencian los impactos globales del cambio climático. Sin embargo, la paradoja se profundiza cuando observamos que los países con mayores recursos económicos poseen también mayores capacidades de adaptación y mitigación. Tener recursos implica contar con herramientas técnicas, infraestructuras y planificación para enfrentar el desastre y proyectar un futuro menos incierto para las nuevas generaciones.

No resulta cuestionable invertir grandes cantidades de recursos humanos y financieros para responder a esta crisis. Lo problemático es la enorme cortina de desinformación y simulación política que acompaña muchos de estos procesos. Ámsterdam y el Sahel no enfrentan la crisis climática en igualdad de condiciones. Desde esta reflexión proponemos la necesidad de construir modelos innovadores, restrictivos en materia ambiental pero inclusivos en términos democráticos, capaces de proteger la biodiversidad y las múltiples formas de vida que habitan nuestro único hogar común.

Sabemos también que el cambio climático abre nuevas rutas geopolíticas y comerciales derivadas del deshielo global. Nuevas “rutas de la seda” podrían reorganizar la economía internacional en detrimento de América Latina, el sudeste asiático y buena parte de África. A esto se suma la devastadora crisis pandémica que ha golpeado especialmente a regiones como el Sahel. El comercio internacional no podrá conducirnos hacia un equilibrio ecológico si no se transforman las prioridades de inversión y no se fortalecen las oportunidades para la investigación científica y la cooperación internacional.

Sin embargo, la desolación emocional y la ruptura afectiva entre las sociedades humanas y la naturaleza golpea primero a los países más ricos. El deterioro político y económico derivado de esta crisis tiene como protagonista la negación: no firmar acuerdos vinculantes, retrasar compromisos y desviar permanentemente la atención pública. Seguimos ignorando las señales de la Tierra y el estado crítico de nuestro planeta.

La multicrisis contemporánea también nos obliga a recuperar la dimensión ética y simbólica de nuestra relación con el medio ambiente. Solo a través de pequeños gestos, prácticas de cuidado y nuevas formas de convivencia podremos acercarnos a una reconciliación auténtica con este “círculo azul” que nos acompaña desde tiempos primordiales, aunque todavía no comprendamos plenamente su lenguaje. Pretender ser propietarios absolutos de la naturaleza constituye una de las expresiones más evidentes de nuestra desviación civilizatoria. La acumulación ilimitada de riqueza en un planeta en crisis refleja, quizá, la mayor señal de nuestro extravío colectivo.

Haití, nación insular del Caribe, enfrenta una crisis multifacética agravada por el cambio climático. Este fenómeno ha intensificado problemas estructurales como la pobreza extrema, la inseguridad alimentaria y los desastres naturales. Los impactos climáticos se manifiestan en desnutrición infantil, incremento de la mortalidad, desplazamientos internos y migraciones forzadas hacia República Dominicana y otros territorios de la región.

Nuestra propuesta examina los intereses geopolíticos y económicos presentes en Haití, las responsabilidades de las grandes transnacionales y de los países contaminantes, así como el papel del vudú como mecanismo de resiliencia cultural frente a la crisis climática. Haití posee un enorme interés geopolítico debido a su ubicación estratégica en el Caribe, una región clave para el comercio marítimo y la seguridad internacional. Los desastres naturales agravados por el cambio climático han convertido la estabilidad haitiana en una preocupación para Estados vecinos y grandes potencias, especialmente por el temor al aumento de flujos migratorios y nuevas crisis humanitarias.

Además, Haití dispone de recursos naturales valiosos —minerales, tierras fértiles y biodiversidad— que despiertan el interés de múltiples actores transnacionales. Sin embargo, la explotación de dichos recursos suele profundizar los problemas ambientales y sociales existentes, incrementando la vulnerabilidad del país frente al cambio climático. Sectores como la minería, la agricultura de exportación y determinados proyectos energéticos contribuyen frecuentemente a la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la reducción de espacios para la agricultura local y de subsistencia.

Las organizaciones internacionales desempeñan también un papel relevante mediante proyectos de reforestación, infraestructuras resilientes y programas de gestión hídrica. No obstante, muchos de estos esfuerzos continúan condicionados por intereses orientados a contener crisis migratorias regionales. Su éxito depende, en gran medida, de la participación comunitaria y de la sostenibilidad real de las intervenciones.

El impacto del cambio climático sobre la agricultura haitiana ha sido devastador. Las alteraciones en los patrones de lluvia, las sequías prolongadas y la degradación de los suelos han reducido drásticamente la productividad agrícola, afectando especialmente a las comunidades rurales dedicadas a la agricultura de subsistencia. La desnutrición infantil constituye una de las expresiones más graves de esta crisis, afectando el desarrollo físico y cognitivo de miles de niños y aumentando su vulnerabilidad frente a enfermedades infecciosas.

Finalmente, el incremento de la mortalidad infantil representa una consecuencia directa e indirecta de este escenario de colapso social y ambiental. Enfermedades, inundaciones, falta de saneamiento, pobreza extrema e inestabilidad política configuran un círculo de vulnerabilidad que perpetúa el sufrimiento humano y la exclusión estructural.

La experiencia haitiana, leída como retrato hablado del caso colombiano, nos permite comprender que las crisis climáticas, migratorias y humanitarias no constituyen fenómenos aislados, sino expresiones de un orden internacional profundamente desigual que exige nuevas formas de solidaridad, cooperación y justicia climática desde una perspectiva verdaderamente decolonial.