Exigencia de verdad, dignidad y justicia por el asesinato del profesor Freytter Romero
Jorge Freytter Florián
Han pasado diez años desde que Jorge Adolfo Freytter Romero, profesor de Universidad del Atlántico, abogado y miembro de Asojua –Asociación de Jubilados de la Universidad del Atlántico- fuera abordado por una camioneta Toyota Color rojo con vidrios polarizados y placas AXK 646, cuando se dirigía a su casa en la ciudad de Barranquilla, Atlántico.
Fue la última vez que se le vio con vida.
Al siguiente día, en el kilómetro 12 de la vía que conduce a Ciénaga (Magdalena), fue encontrado su cuerpo sin vida, con su camisa, sin su documentación y con fuertes señales de tortura.
Una semana antes, había sido detenido en las afueras de la Alcaldía de Barranquilla por varios sujetos que se identificaron como miembros de la Sijin (Policía secreta), señalándole que lo detenían por una supuesta demanda de alimentos. Estuvo detenido casi todo el día en la estación de la Sijin y fue dejado posteriormente en libertad al comprobarse la falta de seriedad de las acusaciones.
El pasado jueves 9 de julio de 2009, la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación llamó a juicio al soldado profesional Albeiro de Jesús García Rendón, alias el “Iguano” y al agente de la Policía Nacional adscrito al Gaula Regional Barranquilla, Rafael Mariano Silvera, por su responsabilidad en el asesinato del profesor Jorge Adolfo Freytter Romero.
La determinación de la Fiscalía se basó principalmente en la confesión de otro de los paramilitares involucrados en el asesinato, Carlos Arturo Romero Cuartas, alias “Montería“, miembro del Bloque Norte, que delinquía en Barranquilla, quien también fuera condenado a 18 años de prisión a comienzos de este año, por su responsabilidad en el homicidio del profesor Jorge Freytter, informan sus familiares.
Según “Montería”, “en este episodio criminal participaron miembros de la AUC en asocio con algunos miembros del Gaula de la Policía de Barranquilla, como lo era Rafael Enrique Mariano Silvera y algunos del Ejército Nacional, entre ellos Albeiro de Jesús García Rendón, a quien reconocían al interior del grupo de las AUC, con el alias de Iguano”.
Así mismo confirmó que Freytter fue asfixiado con una bolsa, ya que según él mismo, existía un acuerdo entre los miembros del Gaula y Autodefensas que delinquían en Barranquilla, que consistía en que los operativos en que ellos participaran las personas tenían que ser ejecutadas, porque se corría el riesgo que después los reconocieran. Lo que mostraba un aparato organizado para cometer crímenes en esta ciudad con miembros del Gaula y los paramilitares.
El asesinato entonces fue cometido directamente por Oscar Orlando Ortiz alias “Moncho” jefe paramilitar del frente José Pablo Díaz, en colaboración con el teniente Flover Argeny Torres Sánchez y Julio César Pacheco Bolívar alias “La Chacha”, ambos del Gaula, luego que el mismo “Moncho” y Gabriel Ángel Berrio Parra alias “Chuqui” capturaran al profesor.
El esclarecimiento del asesinato del profesor Freytter Romero le ha servido a la Fiscalía no sólo para determinar la responsabilidad de las autodefensas en este crimen.
Con la muerte del académico, la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía ha encontrado un elemento más para entender el complejo mapa que los paramilitares trazaron en la Costa Atlántica, a punta de homicidios, secuestros, desapariciones, torturas y otros tantos crímenes. Con el reciente llamado a juicio de Albeiro García Rendón y Rafael Mariano Silvera por el homicidio agravado de Freytter, el primero soldado profesional y el segundo agente de la Policía durante 18 años, la Fiscalía pretende probar la “absoluta connivencia” que las AUC mantuvieron con algunos integrantes del Gaula de la Policía y del Ejército de Barranquilla.
A través de este caso, la Fiscalía concluyó varios aspectos del modus operandi derivado de la perversa complicidad entre la Fuerza Pública y las AUC en esta región del país. El ente investigativo encontró, por ejemplo, que los miembros de los Gaulas pactaron con los ‘paras’ que éstos ejecutaran a las víctimas si los primeros habían participado en los operativos, para evitar ser reconocidos. O que los uniformados, cuando estaban disponibles, botaban los cuerpos en otros municipios. O que las AUC colaboraban con positivos de los Gaulas siempre y cuando éstos “facilitaran su paso por las carreteras y demás fechorías”.
No obstante, luego de esta detallada versión, Montería se retractó. Y las alarmas de la Fiscalía se prendieron: “Despierta preocupación al despacho, pues ya obraban en el expediente piezas procesales que dan a entender que los testigos que han participado en esta investigación han sido objeto de presiones y amenazas”. La Unidad de DD.HH. aseguró, además, que “últimamente se ha vuelto muy de moda” que ex integrantes de las AUC rindan testimonio y luego se echen para atrás. Sin embargo, en este caso, la retractación no fue validada, pues los hechos delatados por “Montería“ ya han sido corroborados.
En memoria
Jorge Freytter Romero tenía 51 años al momento de su asesinato. Fue profesor en el área de ciencias sociales de la Universidad del Atlántico y era en esos días uno de los maestros que esperaba el pago de las mesadas atrasadas que le adeudaba la Universidad como parte de su pensión.
De tal manera hacía parte de la Asociación de Jubilados de la Universidad del Atlántico - ASOJUA - y hacía unos días había participado en la toma pacífica de la sede 43 y sede norte de dicha Universidad, que duró 22 días y con la cual se logró que se firmara un acto de compromiso con la rectoría del claustro universitario y la Gobernación.
Aproximadamente 20 días antes de su asesinato, fue retenido a la salida de la Alcaldía, por agentes de la Sijin que se movilizaban en un carro Spring rojo, quienes lo trasladaron a sus oficinas con el fin de verificarle datos judiciales.
La Universidad del Atlántico
El crimen del profesor Jorge Freytter se sumó a una serie de asesinatos que se venían registrando en la Universidad del Atlántico desde 1998 y que tienen que ver con la incursión paramilitar en las universidades públicas colombianas que empezó justo por esa época.
De hecho la Defensoría del Pueblo había venido estudiando el fenómeno paramilitar en la ciudad de Barranquilla, detectando una fuerte presencia del Bloque Norte de las Autodefensas, que de hecho ganó el dominio de un extenso territorio del departamento. Según un informe de este organismo los hombres de los frentes José Pablo Díaz y Tomás Felipe Guillén, buscaban el control de las entradas y salidas de la ciudad hacia el mar, así como parte del río Magdalena.
Esta arremetida paramilitar tuvo que ver con un ambicioso plan de expansión en la región Caribe que logró consolidar el control de un inmenso corredor que conecta a La Guajira, Magdalena y Atlántico con la Sierra Nevada de Santa Marta.
Esta sentencia que corresponden a este caso, demuestra una vez más el alto nivel de filtración y colaboración de las fuerzas militares y la policía dentro de la formación e instrucción militar al interior de los grupos paramilitares.
No obstante y a pesar de los avances logrados con la misma, hasta que los autores intelectuales y económicos de estos hechos y de la consolidación del paramilitarismo en el país no sean juzgados y condenados realmente, este caso será uno más que permanezca en la impunidad.