Claves para entender el exilio en el Informe Final de la Comisión de la Verdad

El comisionado Carlos Martín Beristain compartió algunos elementos claves de lo que contiene el volumen referente al tema del exilio, que ha sido llamado “La Colombia fuera de Colombia” en el Informe Final.

A continuación, se esbozan algunos de los hallazgos y recomendaciones puntuales que la Comisión de la Verdad ha identificado tras su proceso de esclarecimiento y escucha en 23 países.

Para este capítulo se recogieron 2.080 testimonios, de ellos alrededor de 200 testigos y el resto víctimas del fenómeno del exilio, ayudaron a identificar que el exilio es la segunda victimización del país después del desplazamiento forzado, hay más de un millón de personas exiliadas.

“No existía mucha documentación o escritos sobre el exilio, y esa debilidad ha sido fortaleza de la Comisión, porque la fuente principal sí fue la escucha, en la cual se evidenció que el exilio también es un fenómeno que afecta a la paz de otros países”.

Uno de los puntos comunes encontrados por la comisión es que existe una despolitización del exiliado, a quien se ve como un migrante más, adicional a esto, el exilio colombiano es uno de los más largos del mundo, tiene la misma duración del conflicto armado.

Dentro de los datos históricos se resalta que, los primeros casos de exilio que escuchó la comisión fueron los 50 y 60, en época de la violencia bipartidista y el Frente Nacional, pero sobre todo que el 37,4 % de los casos de exilio se concentran en el periodo entre 1992 y 2005 y más del 30,6 % de los testimonios evidencian persecución y violencia ejercida en razón a los liderazgos políticos y sociales, sumado a esto, la negación del conflicto armado en los gobiernos entre 2002 y 2010 fue un obstáculo para la protección internacional de las víctimas.

El capítulo de exilio en el Informe Final abordó casos representativos como:

Victimización judicial por el secuestro y asesinato de Gloria Lara de Echeverri en 1982, persecución del DAS a víctimas exiliadas en 10 países europeos entre 2003 y 2006, los campesinos y campesinas desplazadas y exiliadas de la Hacienda Bellacruz en el Cesar a finales de los años 90, la población exiliada en Antofagasta entre 2000 y 2010, y el exilio de campesinos en el norte de Urabá en la década de los 90.

El exilio en el Informe Final se abordó desde estos ejes temáticos y apartes:

La dimensión del exilio colombiano, los periodos o tiempos en los que ocurrió el exilio, los rostros y las causas del exilio, las rutas del exilio, la necesidad de protección internacional, los impactos o lo que significa el exilio, las resistencias de la población exiliada y las expectativas de retorno.

Los países en los que la Comisión trabajó con el apoyo de 186 voluntarios y alrededor de 800 organizaciones fueron:

España, Suecia, Reino Unido, Francia, Alemania, Suiza, Italia, Noruega, Holanda, Bélgica, Grecia, Dinamarca, Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Venezuela, Argentina, Chile, Uruguay y Brasil.

En clave de recomendaciones, el comisionado Martín Beristain anotó lo siguiente:

●El Estado colombiano debe reconocer que el exilio es una violación de los derechos humanos

●El Estado debe proporcionar los mecanismos jurídicos para el reconocimiento del exilio y del refugio.

●El Gobierno Nacional y los organismos estatales deben promover el acceso a la justicia de las víctimas en el exterior, y que puedan hacer seguimiento de sus casos.

●Es necesaria la creación de nuevos instrumentos de registro para tener un dato certero sobre la dimensión del exilio y poder garantizar los derechos a las víctimas.

●El Gobierno Nacional debe dar información de contexto a otros países para que las demandas de quienes piden protección por fuera sean atendidas, y no se desestimen bajo el entendido de que existió un Acuerdo de Paz, pues el conflicto armado persiste.

●El Estado colombiano debe reconocer su responsabilidad ante la falta de protección y garantías, que fueron factores que ocasionaron la salida de cientos de miles de colombianos.

●Se deben fomentar acuerdos bilaterales que garanticen que la protección internacional sea reconocida como una necesidad política por otros países e instituciones internacionales.

●Se recomienda crear una Comisión o Conferencia Internacional para revisar las leyes de migración y retorno.

●Los organismos que trabajan en temas migratorios (Cancillería, embajadas y consulados) deben promover canales de información accesibles sobre mecanismos de protección internacional y personal capacitado en atención a víctimas.

●Se debe reconocer que la persistencia del conflicto armado es una causa de exilio y refugio.