El silencio no es una alternativa: el pensamiento crítico en Colombia está en peligro
Jorge Freytter-Florián / Rebelión
El pasado 9 de Julio de 2014, compartió su historia de vida y lucha académica con nosotros el sociólogo, profesor, en su día exiliado y hoy preso político, Miguel Ángel Beltrán, quien en el recinto de las Aulas de la Experiencia de Bizkaia, coopresentó el libro: “Presente y Futuro de Colombia en Tiempos de Esperanza. En memoria al profesor Jorge Adolfo Freytter Romero” (Abogado y profesor de la Universidad del Atlántico asesinado en el 28 de Agosto de 2001 por agentes del Estado en connivencia con el Paramilitarismo del Bloque Norte).
Esta obra, que rinde homenaje a la memoria del profesor Freytter y que pretende ser una aportación a la memoria histórica en Colombia, es posible gracias al compromiso y la solidaridad internacionalista vasca para con el Pensamiento Crítico Colombiano que hoy se enfrenta al peligro y la amenaza de la persecución, la estigmatización, la cárcel y la muerte administrativa, proferidas por el Terrorismo de Estado en Colombia.
De hecho, tras su visita por el País Vasco, el profesor Miguel Ángel Beltrán se dirigió a Managua, Nicaragua, convocado a participar en el Congreso Latinoamericano de Estudiantes de la OCLAE (Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiante). En el vuelo con escala en Panamá este fue detenido y retenido por más de dos horas, realizándosele un proceso de “inadmisión” por el que fue devuelto a la ciudad de Bogotá, bajo la inspección de agentes de EEUU.
En el 2011 el Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación), destituyó e inhabilitó al profesor Beltrán Villegas a 13 años, por considerar que Beltrán Villegas escribía documentos oficiales para la Insurgencia armada de las FARC-EP, finalmente el día 13 de Junio de 2011, un juez de Bogotá lo absolvió de los delitos de concierto para delinquir agravado, rebelión y financiación de grupos insurgentes armados. La persecución al Pensamiento Critico no termina ahí, y por si fuera poco, más tarde, el 18 de diciembre de 2014 periódicos e informativos abren con la noticia de que el profesor Miguel Ángel Beltrán fue condenado a más de 8 años de prisión por el Tribunal Superior de Bogotá por el delito de rebelión. Con todo esto, resulta evidente la persecución directa, el ensañamiento contra un intelectual, un pensador y académico colombiano que desde una perspectiva crítica, se atreve a pensar, a reflexionar diferente, en un país donde se suprimen los Derechos del libre ejercicio sindical, libertad de cátedra, libertad de prensa, de asociación. En resumidas cuentas, un Estado que se enfila contra el Pensamiento Crítico.
Reproduzco la intervención del profesor Miguel Ángel Beltrán en el lanzamiento del libro en la ciudad de Bilbao.
(*) Jorge Freytter-Florián es hijo del profesor Jorge Adolfo Freytter Romero, asesinado por el Estado Colombiano. Actualmente trabaja como activista por la Paz de Colombia en el País Vasco y es miembro de la Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero. Estudios sobre la Violencia Política en América Latina y en su especialidad: Universidades Públicas Colombianas.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO
Miguel Ángel Beltrán Villegas∗
Quiero ante todo saludar a los organizadores, organizadoras y asistentes a esta presentación del libro Presente y futuro de Colombia en tiempos de esperanzas; se trata de un simbólico acto que nos brinda la oportunidad para convocar la memoria de nuestro colega Jorge Adolfo Freytter, a quien en el día de hoy queremos recordar como el profesor y luchador social que fue en vida y que los verdugos de la palabra pretendieron silenciar con su secuestro, tortura y alevoso crimen. Evocamos la memoria de quienes ya no están presentes físicamente aunque espiritualmente nos sigan acompañando, no porque participemos de un culto fetichista a la nostalgia y al pasado sino, fundamentalmente, porque creemos en el futuro y la esperanza. La memoria -nos lo recuerda la sabiduría de los pueblos ancestrales- es “una poderosa vacuna contra la muerte y alimento indispensable para la vida. Por eso, quien cuida y guarda la memoria, guarda y cuida la vida; y quien no tiene memoria está muerto”(subcomandante Marcos).
De allí que establecer las estrechas y complejas conexiones entre el pasado y el presente, más que un ejercicio académico, hace parte de las innumerables batallas que libran las clases subalternas en el campo político, jurídico y cultural, en un país como Colombia donde las élites dirigentes han tratado de olvidar, silenciar, ocultar y eliminar aquellos recuerdos que provienen de los sectores excluidos. Precisamente aquí radica la fuerza y trascendencia del libro que hoy presentamos a Ustedes, ya que sus páginas nos hablan de la acción y el pensamiento de un hombre ejemplar, de un verdadero maestro cuyos ideales iluminan y seguirá iluminando el horizonte de las futuras generaciones universitarias; pero también, porque a través de las reflexiones que nos aporta un selecto grupo de colaboradores y colaboradoras que participan en esta obra, se desnudan las raíces del conflicto colombiano, las responsabilidades del Estado en el mismo y las posibilidades de paz en el país. Pensar crítica y colectivamente la realidad es otra forma de trazar caminos de esperanza, para quienes anhelamos cambios profundos en nuestra sociedad.
Hace algo más de un mes que el gobierno nacional y las guerrillas de las FARC-EP suscribieron en La Habana (Cuba) un documento conjunto donde definen los principios que orientarán la discusión del punto 5 del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Allí las partes firmantes hacen un histórico reconocimiento “que las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario con ocasión del conflicto tienen derecho a la verdad, la justicia, la reparación y a las garantías de no repetición”. Dicho documento señala en uno de sus numerales que: “Esclarecer lo sucedido a lo largo del conflicto, incluyendo sus múltiples causas, orígenes y sus efectos, es parte fundamental de la satisfacción de los derechos de las víctimas, y de la sociedad en general”.
Nada más cierto; así lo demuestran las cercanas experiencias de paz vividas en El Salvador y Guatemala, que pusieron fin al agudo conflicto armado interno que estremeció a estas naciones centroamericanas en los años ochenta y comienzo de los noventa: ¿Cómo restablecer, entonces, los estrechos vínculos entre el pasado, el presente y el horizonte de expectativas de una paz futura? ¿Cómo la reconstrucción de la memoria puede convertirse en una garantía para que estos execrables crímenes no sigan repitiéndose? Escapa a esta presentación dar respuesta a estos gruesos interrogantes, no obstante quisiera aprovechar la oportunidad que nos brinda este evento, para reiterar algunas ideas que resultan pertinentes para la recuperación y reconstrucción de la memoria en el campo de la persecución al pensamiento crítico.
Para empezar quisiera señalar que la persecución al pensamiento crítico en las universidades ha tenido expresiones diversas, que contemplan no sólo la promoción y aplicación de procedimientos disciplinarios por parte de las directivas universitarias conducentes a la sanción y en muchos casos destitución de miembros de la comunidad universitaria; sino también la infiltración de los organismos de inteligencia al campus universitario y la fabricación de montajes judiciales, sin dejar de recurrir a la tortura, la eliminación física y la desaparición de profesores, estudiantes y trabajadores críticos. El crimen de Jorge Freytter encarna dolorosamente estas oprobiosas prácticas: en los días previos a su asesinato el profesor Freytter fue investigado judicialmente bajo una falsa acusación de inasistencia alimentaria; días después se reportó su desaparición y tras ser sometido a tratos crueles e inhumanos fue finalmente asesinado. Este homicidio –como nos lo recuerda el abogado Alirio Uribe en su artículo incluido en este libro que hoy presentamos “se suma a una serie de crímenes que se cometieron contra miembros de la comunidad académica de la Universidad del Atlántico, que han manifestado ser opositores de las últimas administraciones y que se caracterizaron por denunciar irregularidades y situaciones de corrupción al interior de esta institución educativa”(pág. 101)
Hoy, como antes, tenemos suficientes elementos de prueba para afirmar que en estos crímenes han participado agentes del Estado Colombiano, ya sean del ejército, la policía o los organismos de inteligencia, en estrecha connivencia con integrantes de organizaciones paramilitares; complicidad que como bien lo documenta el sacerdote colombiano Javier Giraldo en el libro, cuenta con una larga data en Colombia. Cabe rememorar aquí el crimen cometido hace ya más de treinta años contra el reconocido defensor de presos políticos y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Alberto Alava Montenegro, quien fuera asesinado por miembros de los escuadrones del naciente MAS (Muerte a Secuestradores), una de las organizaciones pioneras de los grupos paramilitares, que contó en sus orígenes con el auspicio de narcotraficantes y sectores ligados a las Fuerzas Militares.
Una práctica que ha tenido continuidad en la última década como lo ilustra dramáticamente el más reciente caso del sociólogo y profesor Alfredo Correa de Andreis, acusado falsamente de ser un importante ideólogo de las FARC, y asesinado en septiembre del 2004, poco después de recuperar su libertad. Las pesquisas judiciales llevaron a concluir que se trató de un montaje judicial orquestado desde el extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS (organismo de inteligencia dependiente del ejecutivo) que actúo en estrecha conexión con miembros del Bloque Norte de las Autodefensas.
Pese a la contundencia de estos hechos, representantes del Estado e incluso sectores de la misma Academia, han difundido versiones en el sentido que estos crímenes han sido el resultado de “fuerzas oscuras” que pretenden desestabilizar la democracia. Así, en una versión cercana a lo que en Argentina se denominó la “teoría de los dos demonios”, se ha pretendido defender la existencia en Colombia de dos bandos enfrentados, uno y otro igual de violentos y con una misma responsabilidad ante la sociedad cuyo papel ha sido relegado al de simple espectadora para luego ser declarada “víctima”. La difusa conceptualización de “actores armados” en el que se incluye tanto paramilitares (hoy llamadas eufemísticamente “bandas criminales”), fuerzas militares y guerrillas, sin diferenciar sus orígenes, modalidades de acción, objetivos estratégicos, es parte de esta interpretación oficial que, de una u otra forma recoge el reciente informe del centro de Memoria “basta ya”:
“En Colombia, el conflicto armado –afirma el mencionado informe- no tiene una modalidad de violencia distintiva. Los actores armados enfrentados han usado y conjugado todas las modalidades de violencia. Todos han desplegado diversas modalidades y cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad, haciendo a la población civil la principal víctima del conflicto”.
Frente a esta tesis quisiera señalar –y esta es la segunda idea que me interesa subrayar en esta presentación- es que en Colombia la persecución contra el pensamiento crítico en las universidades no constituye un hecho aislado, sino que hace parte de una política sistemática de silenciamiento y exterminio de diferentes expresiones de pensamiento crítico en la sociedad, que afecta no solamente a la comunidad académica sino, también, a líderes políticos y sociales, así como a diferentes sectores de la oposición. Con lo anterior queremos hacer explícito la existencia en Colombia de una política estatal que busca garantizar el orden social vigente recurriendo a medios legales y extralegales. No de otro modo se explica la existencia de un gigantesco aparato militar que amparado en doctrinas contrainsurgentes como la “Doctrina de la Seguridad Nacional” han identificado en los movimientos de protesta y resistencia, un “enemigo interno” que debe ser aniquilado.
La otra arista de esta realidad es la actuación de una justicia politizada que -salvo muy raras excepciones- ha fungido como mecanismo de desarticulación de las organizaciones sociales, contribuyendo a la persecución, estigmatización y judicialización de quienes -desde la palabra o desde la acción- han cuestionado las políticas oficiales. Por esta vía se garantiza la impunidad jurídica para los autores de crímenes de lesa humanidad, narco-paramilitares y desfalcadores del erario público que, a lo sumo, purgan leves condenas en cómodos centros de reclusión o guarniciones militares disfrutando de todos los lujos y beneficios que para otro interno sería impensable, mientras a los presos políticos se les aplica una legislación draconiana, y se les recluye en establecimientos penitenciarios que no respetan las reglas mínimas para el tratamiento de las personas privadas de la libertad. Esta es la condición en que viven los más de 9000 prisioneros y prisioneras políticas del país cuya existencia es negada con vehemencia por los gobiernos de turno.
Capturas irregulares que luego son legalizadas por jueces “de garantías”; pruebas ilícitas obtenidas violando derechos fundamentales, principios constitucionales e incluso tratados internacionales; evidencias adquiridas de manera ilegal; presiones para lograr la autoincriminación del sindicado; dilatación del juicio penal, constituyen el denominador común de estos montajes judiciales, que hoy mantienen tras las rejas a numerosos estudiantes, profesores y trabajadores de las universidades públicas bajo los cargos de “rebelión” y “concierto para delinquir”; en tanto que otros miembros de la comunidad académica han tenido que abandonar el país amenazados por los grupos paramilitares.
Bajo esta perversa lógica numerosos estudiantes como Ómar Marín, Carlos Lugo, Jorge Eliércer Gaitán, Alexis Bueno, Cristian Leyva, Erika Aguirre, Xiomara Torres y profesores como Omar Cómbita y Carlo Carrillo llevan más de treinta meses arbitrariamente privados de la libertad acusados de tener supuestos nexos con la insurgencia armada; Se trata de juicios parcializados con base en el testimonio de personas al servicio del Estado que no tienen ninguna credibilidad, pero que creen que asesinando o encarcelando el pensamiento crítico se logrará cortar de raíz los sueños de quienes queremos una patria más justa y equitativa donde quepamos todos y todas.
De allí la urgente tarea de derrotar los crecientes silencios, señalamientos y autocensura que se han ejercido incluso desde la misma Universidad y algunos sectores de izquierda contra aquellos que asumen el pensamiento crítico. Sin duda, la memoria constituye un instrumento de visibilización y un paso importante en la exigencia de no repetición de estos repudiables hechos; por lo que proyectos como el que hoy estamos presentando a ustedes constituyen un antídoto eficaz para enfrentar el olvido, porque tienen además la virtud de condensar la tenacidad de los familiares que no han cejado en su afán de exigir verdad y reclamar justicia; el compromiso de los analistas críticos de la realidad social y la incansable labor de colectivos e instituciones que han asumido la loable tarea de la defensa de los derechos humanos.
Por ello, no quiero terminar sin agradecer públicamente a todas las organizaciones políticas, sociales y civiles que hacen presencia hoy en este evento de lanzamiento del libro: a la Universidad del País Vasco, a la diputación foral de Gipuzkoa, al movimiento internacionalista de solidaridad del País Vasco, que han contribuido a la materialización de un proyecto que, sin duda, demuestra el importante papel que puede jugar la comunidad internacional en la solidaridad, visibilización, denuncia de estos crímenes de Estado y, sobre todo, como garantía para que en Colombia no vuelvan a repetirse estos horrendos hechos.
(∗) Profesor Asociado, Universidad Nacional de Colombia. Ex preso político colombiano.
