Entrevista «Uribe trató de eliminar todo vestigio de discrepancia»

GARA: Ainara LERTXUNDI|BILBO

El escándalo de las interceptaciones ilegales del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) bajo el Gobierno de Álvaro Uribe hizo tambalear la política colombiana hasta el punto que en octubre de 2011 Juan Manuel Santos ordenó su desmantelamiento tras llegar a la Presidencia. Jueces, periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, líderes sociales... fueron espiados durante años. Muchas de aquellas informaciones acabaron en manos de grupos paramilitares. En su libro “ChuzaDAS”, presentado recientemente en Bilbo, el periodista colombiano Julián Martínez analiza las entrañas de esta vasta red de espionaje urdida desde el palacio presidencial.

¿Qué ha supuesto el episodio de las «chuzadas»?

Es el escándalo más negativo que rodea al expresidente Álvaro Uribe. El extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la Policía secreta de Presidencia, fue utilizado para exterminar y eliminar el movimiento de derechos humanos, lo que constituye un crimen de lesa humanidad. Uribe tendrá toda su vida que rendir cuentas de las interceptaciones ilegales –siendo éstas el delito menos grave que ejecutó la Policía secreta– contra magistrados de las altas cortes, periodistas independientes, defensores de derechos humanos, sindicalistas… Su Gobierno trató de eliminar todo vestigio de discrepancia.

Paramilitares pertenecientes al cártel de Medellín y miembros de la campaña de Uribe organizaron en 2001 un fraude electoral que benefició a representantes del Congreso. Cuando venció, Uribe entregó a estas personas el manejo de la Policía secreta, por lo que en el DAS entraron paramilitares, miembros de la campaña de Uribe y otras personas con nexos con este cártel. Empezaron a administrar una política estatal de exterminio. El escándalo estalló en 2005 cuando el jefe de Informática del DAS Rafael García fue capturado y empezó a revelar un conjunto de hechos que rodeaban al Gobierno y su asociación directa con los paramilitares del bloque norte de las Autodefensas, dirigidos por «Jorge 40».

El Ejecutivo también utilizó al DAS para espiar a magistrados que precisamente estaban investigando la «parapolítica». Ordenó instalar micrófonos debajo de la sala reservada de la sala de plenos de la Corte Suprema para escuchar las conversaciones de los magistrados, alterar sus resoluciones y, sobre todo, realizar montajes como ocurrió con el juez Iván Velázquez. Gracias a su labor en Colombia, se conoció que los políticos se aliaron con los paramilitares para conseguir votos, lo que se conoció como el escándalo de la «parapolítica». Velázquez recopiló las primeras evidencias contra Santiago Uribe, hermano de Álvaro, detenido por conformación de grupos paramilitares.

En pleno proceso de paz de La Habana, se hizo público el «caso Andrómeda», otro escándalo de espionaje a periodistas que cubrían los diálogos con las FARC e incluso a los propios negociadores.

A mí me preocupa que Colombia no ha aprendido de estos escándalos que acabaron con la institucionalidad del DAS. Aunque la Justicia ha condenado a personas cercanas a Álvaro Uribe, eso no es más que la punta del iceberg. El día que lo haga, podremos tener la verdad y garantizar a la sociedad colombiana un mejor país. De lo contrario, este tipo de escándalos se repetirán.

Este libro refleja lo que no tenemos que hacer: la Inteligencia del Estado no debe servir para perseguir a quien piensa diferente. Se debe perseguir la delincuencia y proteger la seguridad de un país, pero no a una senadora porque tiene ideas de izquierda, a un defensor de derechos humanos porque no esté de acuerdo con que el Ejército ejecute a campesinos o a un periodista porque descubre que los hijos del expresidente se están volviendo multimillonarios.

¿Qué papel deben jugar los medios de comunicación en la actual coyuntura y qué diagnóstico realiza del periodismo?

La calidad de los reporteros es muy alta. Lo que ocurre es que carecen de libertad. Hay un gran monopolio económico que tiene en sus manos la mayoría de los medios de comunicación y estos responden a los intereses políticos y económicos de esas empresas, lo que restringe la libertad del periodista. El tipo de cobertura del conflicto armado contaminó la calidad informativa que consumían los colombianos y el mundo. Uribe, por ejemplo, oficializó que quien iba a las zonas de conflicto, se convertía en terrorista. El colega Hollman Morris se desplazaba a las regiones para cubrir el conflicto armado, mientras que el resto se quedaba en la oficina de prensa del Ministerio de Defensa contando siempre la versión oficial. Es totalmente nocivo que un periodista que cubre el conflicto llegue a la zona en un helicóptero militar.

¿Cómo valora los acuerdos de paz con las FARC?

Tengo esperanza y una visión positiva tanto como periodista como ciudadano colombiano. El periodismo independiente tiene que vigilar el cumplimiento de los acuerdos de paz y criticar lo que se haga mal. Esa va a ser la tarea de los periodistas en esta nueva etapa.