Ante la designación por parte del Gobierno de Iván Duque del señor Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo del paramilitar “Jorge 40”, como Director de Víctimas del Ministerio del Interior.

COMUNICADO

Ante la designación por parte del Gobierno de Iván Duque del señor Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo del paramilitar “Jorge 40”, como Director de Víctimas del Ministerio del Interior, desde la Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero, manifestamos nuestra más enérgica repulsa, por los siguientes motivos:

1. El señor Jorge Rodrigo Tovar Vélez ha manifestado públicamente su oposición al Proceso de Paz en Colombia, por lo que su designación supone una grave amenaza a la construcción de paz y a la reparación de las víctimas del paramilitarismo. Por lo tanto, este nombramiento por parte del Gobierno es una ofensa para amplios sectores de víctimas del conflicto y quiebra el espíritu de reconciliación del Acuerdo de La Habana.
2. El Gobierno de Iván Duque da otro paso hacia la impunidad de los victimarios, en esta ocasión, con el nombramiento del hijo de un jefe paramilitar, condenado por múltiples y graves violaciones de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, como representante de las víctimas del conflicto armado colombiano.
3. En la Región Caribe, la responsabilidad de “Jorge 40” en los asesinatos sistemáticos de líderes/as, sindicalistas y defensores/as de Derechos Humanos como miembro de la máxima dirección del Bloque Norte de las AUC, produjo centenares de víctimas inocentes en lo que se considera un genocidio contra la oposición social, académica y política al modelo paramilitar. En este sentido, el actual Director de Víctimas carece de la necesaria imparcialidad para desempeñar un cargo de representación ante todas las víctimas del conflicto armado.

El daño cometido con esta designación a las víctimas de “Jorge 40”, es un daño a la credibilidad del Gobierno en materia de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Por lo tanto, denunciamos ante la comunidad internacional, la impunidad absoluta de los victimarios paramilitares, amparados por las altas instancias del Estado, mediante la promoción de los familiares de criminales de guerra en las mismas instituciones que deberían proteger a sus víctimas.

En Bilbao, País Vasco, a 19 de mayo de 2020.

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